La corrupción y el pobre sistema judicial

Por Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario

No se necesita ser un experto analista para asegurar que por años, los principales problemas sociales que aquejan a la población en Honduras son la pobreza, la inseguridad, y la violencia, tres flagelos en los que a nivel de país se han han destinado miles de millones de lempiras sin resultados visibles y por el contrario, se agudizan.

En adición a lo anterior, la crisis social hondureña adquiere magnitudes dramáticas con el destape de la impunidad, la corrupción, y la exposición de grandes personajes, considerados intocables por su influencia política, económica y que durante décadas le han causado a la nación graves daños con secuelas imborrables.

Nadie nos ha dado respuestas concretas sobre la permanente crisis en el deteriorado sector salud, cuyas arcas fueron estafadas con la adquisición de servicios de pésima calidad a precios sobrevalorados, la escasez de medicamentos y el desorden administrativo del sistema, es la corrupción acompañada de impunidad, la responsable de la crisis en los hospitales y centros de salud estatales.

A nivel del sistema de investigación y de justicia hondureño, no hay respuestas ni castigo a los responsables del saqueo abusivo de ministerios e instituciones estatales, el sobrecargo financiero de planillas fantasmas para pagar favores políticos, sigue en una nebulosa el desfalco al Instituto Hondureño de Inversión Social (IHSS) mientras los derechohabientes son víctimas directas de una crisis casi imposible de superar.

La corrupción no respeta espacios, está en el gobierno, en el sector privado, en el deporte, incluso a nivel de ciudadanía, tiene que ver con actitudes, normas de conducta, reglas de vida, erradicarla es un reto complejo pues se trata de una estructura delictiva tan bien organizada que ocupa las principales esferas de poder, quizás por esto es que hoy se ha convertido en un delito globalizado.

Como en Honduras las autoridades no tienen el peso moral y judicial necesario para castigar este delito, la justicia ha tenido que venir del exterior, específicamente de Estados Unidos, que en los últimos años suspendió en el país programas de apoyo económico como la Cuenta del Milenio por altos niveles de corrupción, y más reciente, la solicitud de extradición ya no solo de personajes ligados al crimen organizado, ahora incluyendo también a reconocidos políticos, dirigentes deportivos y empresarios.

Sería incorrecto desconocer que a nivel de gobierno se han dado algunos pasos importantes orientados a castigar el abuso de los funcionarios públicos y otros personajes acostumbrados a traficar con el Estado, sin embargo, estos esfuerzos se ven minimizados por el pobre y débil funcionamiento del sistema judicial.