La crisis permanente

Víctor Meza

A veces tengo la impresión de que vivimos en una especie de crisis permanente, ora saltando abruptamente de un ciclo a otro, ora deslizándonos suavemente hacia la nueva fase del círculo vicioso. De las dos formas, la dinámica de la crisis parece inagotable y constante. La crisis que en 2009 nos envolvió a todos comenzó a mostrarse con fuerza amenazante desde varios meses antes del fatídico 28 de junio. Alcanzó su punto de ebullición cuando se produjo la elección de los quince magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, justo en el mes de enero de ese año. Tanto la selección por la Junta Nominadora así como la elección por el Congreso Nacional de los nuevos magistrados se convirtieron en los hechos más polémicos de esa temporada, dividieron al partido de Gobierno enfrentando con ferocidad selvática a sus diferentes tendencias y corrientes, al tiempo que crisparon el ambiente y envenenaron el clima político y las relaciones con las fuerzas de oposición. Así quedó preparado el escenario apropiado para el estallido de la crisis.

Hoy, casi siete años después de aquellos angustiosos momentos, pareciera que estamos repitiendo, con matices y ligeras diferencias sin duda, el ciclo crítico del año 2009. Otra vez estamos confrontados por la elección de los magistrados que habrán de integrar la futura Corte Suprema de Justicia a partir de enero del próximo año. De nuevo se reavivan las controversias en torno al trabajo de la Junta Nominadora, encargada de seleccionar a los 45 candidatos que deberá conocer el Parlamento para escoger a quince de ellos y coinvertirlos en jueces del supremo tribunal por los próximos siete años. La historia, no sin cierta cuota de ironía y malicia, parece repetirse, mientras nosotros, condenados por nuestra escasa memoria, parece que estamos resignados a sufrir otra vez las posibles consecuencias.

La misma debilidad de las instituciones, su fragilidad y excesiva politización partidaria, las vuelven inútiles para procesar democráticamente la conflictividad social y política. No les permiten gestionar con procedimientos adecuados las controversias entre los distintos actores del sistema de partidos y del sistema político en su conjunto. Las convierten en canales obsoletos e inapropiados para facilitar el flujo controlable de las disputas y confrontaciones.

Y por eso, fácilmente, los problemas, por pequeños y manejables que sean, tienden a convertirse en conflictos y, con peligrosa frecuencia, a desembocar en crisis. Parece que somos incapaces de aprender de las lecciones que día a día nos enseña la historia en su a veces lento, pero siempre inevitable discurrir.

El debate actual en torno a la selección y elección de los futuros magistrados ha vuelto a poner en el centro de la atención la viabilidad y eficacia del sistema que utilizamos para escoger a los miembros del alto tribunal. Cuando a principios de la década anterior, en el año 2001, los legisladores introdujeron cambios en el modelo de selección, muchos fuimos los que creímos que ya se había encontrado el camino a la solución del problema. Nos equivocamos: cambiamos el método de selección, pero conservamos el sistema de elección. Al final, como era inevitable, el viejo sistema terminó absorbiendo al nuevo método y subordinándolo a su propia y maliciosa lógica. La politización partidaria del sistema de justicia siguió siendo el mismo y antiguo problema, el que desnaturaliza y corrompe a todo el sistema de justicia en su conjunto.

Conscientes de esta dificultad, a mediados del año 2012, los miembros de la que fue Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) elaboramos una propuesta de reforma constitucional para introducir un nuevo diseño de selección y elección de los altos cargos del sistema de administración de justicia, magistrados y fiscales incluidos, además del Comisionado de los Derechos Humanos. Es un modelo basado fundamentalmente en el privilegio de la idoneidad profesional y personal por encima de la lealtad político-partidaria y del arraigo sospechoso junto a los grandes grupos económicos de poder. Debía utilizarse un código secreto para calificar a los escogidos, de tal manera que el seleccionador no sabría con precisión a quién calificaba. De esta forma se reducía al menos la posibilidad de la nociva influencia de los poderes fácticos y de las cúpulas políticas para contaminar con su influencia la selección y elección de los principales funcionarios del Poder Judicial.

La propuesta, junto a otras seis más, fue entregada a las autoridades de entonces el 26 de octubre del año 2012. Todavía hoy sigue durmiendo el sueño de los justos en las gavetas y archivos de los gobernantes de turno. Valdría la pena sacarlas, sacudirles el polvo y buscar en ellas algunas ideas que nos puedan ayudar a evitar que repitamos el drama de las crisis anteriores. Estamos a tiempo.