Pandillas

Wílmer Pérez R.

Por donde se quiera ver, el crimen organizado tiene carta de ciudadanía en Honduras y posee un ejército irregular que compite y supera a la Policía y a las Fuerzas Armadas. Es además un negocio redondo y tentador: se calcula que las pandillas recaudan más de 2.5 millones de lempiras al año.

Sus filas están integradas por niños y jóvenes sin orientación ni trabajo que son sometidos a rigurosas pruebas por los cabecillas para que cobren las extorsiones y se encarguen de ultimar a quienes desobedezcan sus órdenes de pagar el “impuesto de guerra”.

Contrario a los cuerpos de seguridad del Estado, los jóvenes llegan a estos grupos por su propio pie, sin necesidad de pruebas del polígrafo, de redadas, antecedentes ni exámenes psicológicos. Llegan porque no encuentran empleo y esa actividad es su único medio de sobrevivencia para ellos y sus familias. Provienen, asimismo, de hogares desintegrados.

Los distintos métodos empleados por este Gobierno y los demás del istmo no han logrado contener la violencia de las maras porque, además, se ha comprobado que decenas de empresarios, profesionales, policías y oficiales forman parte de las bandas o están coludidos con ellos y, a cambio de dinero, permiten su libre accionar delictivo.

Su organización es vertical. Los subalternos cumplen sus órdenes, y el que no las cumple se muere. Lo mismo sucede con las víctimas de las extorsiones.

Decenas de personas inocentes y pandilleros han muerto por esta causa y las autoridades siguen dando palos de ciego como si no supieran cuál es la solución. Comencemos por el alto mando y mandos intermedios de la Policía: se ha comprobado que centenares de ellos han sido retirados, pero son los de baja graduación, según investigaciones de la Diecp. Los de arriba siguen allí, y hasta deciden quiénes se van o se quedan. Y esto no debe ser así. La Diecp debe ser un órgano independiente, sin ninguna intervención de la Policía. Si no, la vorágine continuará.