La oposición y la Constituyente

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

Si el gobierno ha actuado mal es porque la oposición lo ha permitido, ya que constituye la mayoría de la población políticamente activa y, además, es mayoría en el Congreso Nacional.

Si el poder está concentrado en el Presidente de la República es porque en el Congreso Nacional se emitieron leyes que concedieron ese privilegio; si el partido de gobierno, siendo minoritario en el Congreso, logró la presidencia de ese poder del Estado, es porque la oposición mayoritaria lo permitió, alevosamente; si el Presidente tiene bajo su responsabilidad la ejecución del presupuesto de la República, es porque se emitió la ley que lo permitió; si algunos recursos se manejan al margen de la fiscalización del TSC y de la transparencia, es porque una ley así lo dispone, como es el caso de la Tasa de Seguridad y el Presupuesto de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia; si el Presidente, mediante la “avocación”, puede arrogarse las competencias de las secretarías de Estado, desconociendo lo que la ley expresamente dispone, reviviendo odiosas instituciones del sistema absolutista, es porque el Congreso Nacional aprobó una ley que lo permitiera.

Si el Presidente de la República maneja el Estado a su gusto, sin preocuparse de lo que la oposición pueda hacer para impedirlo, es porque esta lo permite.

La oposición no es inocente. Los abusos, excesos y arbitrariedades del gobierno son también responsabilidad suya, porque crearon las condiciones para ello y porque han caído en la trampa, tendida desde el gobierno, que provocó el distanciamiento entre sí y las luchas internas, impidiéndole enfrentar consistentemente y en bloque los desaguisados gubernamentales.

El Congreso Nacional no cambió con la participación de los nuevos partidos. Por el contrario, quedó al descubierto su debilidad, ya que sus diputados resultaron más fieles a sus intereses personales que a los estatutarios, formando bancaditas independientes o ausentándose convenientemente de las sesiones. Este es el escenario propicio para que el gobierno apruebe lo que le viene en gana. La elección de la directiva del Legislativo, es la prueba más contundente.

Demostraron, además, que, en lugar de abogar por el fortalecimiento de las instituciones, pretenden envilecerlas más. Exigen participación en los órganos colegiados del Estado. Ya lo plantearon en relación con el Tribunal Supremo Electoral, para acentuar su carácter estrictamente político-partidario. Antes PAC lo había logrado en el IAIP y en la Inspectoría de Tribunales, y, al menos, en este último, ha resultado cómplice, por omisión, de cuanto abuso perpetra el Consejo de la Judicatura. No se debe descartar, entonces, que la próxima exigencia de los partidos de oposición sea la participación en la Corte Suprema de Justicia, mediante las negociaciones acostumbradas y con los resultados de siempre.

En lugar de plantear cambios al sistema político, judicial, económico o social, la oposición, sin disimulo alguno, le sigue el juego al gobierno en su afán de perpetuar el statu quo. En estas circunstancias, surge una pregunta para quienes estamos convencidos de la necesidad de una nueva Constitución: ¿Qué Constitución, de haberse convocado la Constituyente en su oportunidad, hubiésemos aprobado de haber sido constituyentes los legisladores que tenemos?