La reforma policial

Víctor Meza

Como ha sucedido con casi todas las reformas iniciadas en nuestro país, la de la Policía también ha quedado inconclusa. Desde la reforma liberal de Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto en la segunda mitad del siglo XIX, pasando por los impulsos reformistas de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, hasta la que fuera impulsada por un grupo de militares a partir del año 1972, todos los intentos de cambio y transformación emprendidos en la sociedad hondureña se han visto bruscamente truncados o simplemente han sucumbido frente a las fuerzas de la contrarreforma o por la simple inercia de una dinámica débil y vacilante.

Es como un designio fatal. Siempre llegamos tarde a las citas con la historia y nos marchamos antes de que estas concluyan. Es la historia pendular que oscila entre el fracaso y el abandono, entre la frustración y el desencanto. Lo inconcluso como fórmula preferida para las iniciativas históricas.

Con la Policía ha sucedido o está sucediendo lo mismo. Cuando estalló su más reciente crisis institucional en octubre del año 2011, luego del asesinato por policías sicarios de los dos jóvenes universitarios en Tegucigalpa, creció el reclamo a favor de la disolución del cuerpo policial y su sustitución por una nueva organización del orden público. Ante el radicalismo de esta demanda, algunos sectores propusieron la intervención directa y una reestructuración profunda. El Gobierno de entonces no cedió ante ninguna de esas exigencias, que consideraba extremas, y prefirió, previas difíciles y prolongadas negociaciones, optar por el camino de la “reforma pactada”, para lo cual fue creada la hoy desaparecida Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), como resultado de un acuerdo tripartito entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, por una parte, y la Universidad Nacional por la otra.

La Comisión hizo su trabajo, a pesar de las naturales e inevitables dificultades burocráticas del Estado. En menos de cuatro meses presentó ante el Gobierno siete propuestas de reforma, incluyendo una nueva Ley orgánica de la Policía y otra Ley de la Carrera Policial. El eje que atravesaba el contenido de esas propuestas conducía a la conformación de una Policía distinta, con doctrina nueva, de carácter comunitario. Una Policía de cercanía, de proximidad, como la llaman en otros países, vinculada a la gente, generadora de confianza, convencida de la importancia de la prevención como paso previo e inevitable ante el ejercicio del control y la eventual represión del delito.

Pero para alcanzar esa meta era preciso llevar a cabo una limpieza profunda, una depuración a fondo en las filas policiales. Y ahí empezaron en serio los problemas. El organismo creado para llevar a cabo esta tarea –la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrea Policial (DIECP)- equivocó el camino, y en lugar de iniciar su trabajo de arriba hacia abajo, lo comenzó al revés, de abajo hacia arriba. Olvidó el viejo proverbio chino según el cual el pescado siempre empieza a pudrirse por de la cabeza.

Hoy, cuatro años después de haber iniciado el frustrado proceso de reforma y depuración, los jefes policiales proponen una nueva Ley de Policía que, entre otras cosas, elimine a la DIECP y devuelva sus funciones al seno de la institución policial, para lo cual anuncian la creación de una especie de “nueva” oficina de asuntos internos, réplica inútil de otras dependencias similares que siempre han fracasado.

En el fondo de esta absurda iniciativa, subyace una convicción errada, según la cual la Policía es autorreformable y, por lo tanto, son ellos, los intocables miembros de la cúpula policial, los llamados a llevar a cabo la necesaria reforma y la inevitable depuración. No hay tales. No hay reforma sin reformistas. Policías como la hondureña no son autorreformables. Los cambios institucionales deben venir desde afuera y buscar adentro los apoyos necesarios y los aliados apropiados, que los hay y no son pocos, por supuesto. El impulso reformista, de origen exógeno, debe generar dinámicas de transformación de naturaleza endógena. El esfuerzo exterior, tanto nacional como internacional, no solo es necesario, es condición indispensable para llevar a cabo una verdadera y profunda reforma policial. De lo contrario, tal como ya está sucediendo, la sociedad hondureña estará condenada de nuevo a quedarse a medio camino y ver, por enésima vez, el desalentador espectáculo de una nueva reforma inconclusa.