Mafias

Wilmer Pérez

Es claro que el servicio de transporte público debe ser regulado y supervisado por el Gobierno central a través de la Secretaría de Estado respectiva. Nadie más puede poner obstáculos o querer emerger como entidades empresariales independientes, ya que eso equivale a jugar con los usuarios en este clima de extorsión y crímenes en que vivimos.

O sea que las empresas de transporte urbanas, interurbanas y de carga dependen del Gobierno para tomar medidas colectivas respecto a precios de los pasajes y tarifas para el movimiento de la carga.

La nueva Ley de Transporte está casi terminada sin haber logrado un consenso con los dueños de los autobuses y rastras. Estos quieren que, aparte de los subsidios que el Gobierno les da, haya otras prebendas sin poner un cinco en la mejora de las unidades, pago de policías y libertad fiscal en la importación de repuestos e insumos, sin presentar pruebas de sus gastos e inversiones.

La administración pública ha decidido crear, erróneamente, tarjetas prepago para los pasajeros como forma de evitar los asaltos a los buses y asesinato de motoristas y cobradores por parte de las pandillas con el cobro del mal llamado “impuesto de guerra”, que en Honduras se ha convertido en una epidemia. Pero pagar con una tarjeta es incómodo por cuanto hay personas que solo andan encima el valor del pasaje; por eso esto no resuelve el problema, ya que los delincuentes seguirán asaltando y matando a los usuarios inocentes. Por tal razón, la medida más razonable es que la Policía ponga, al menos, un agente especial encubierto en las unidades para atrapar infraganti a los bandoleros. Sin embargo, esta medida precautoria debe ser cofinanciada por los propietarios de unidades, pues ese es su negocio. Hacer lo contrario equivale a tener cinco mil policías más solo para este fin, y eso no es correcto porque entonces nadie protegería a los que andan a pie en las calles de las principales ciudades.