¿Cuál es el interés en nombrar correligionarios justicieros?

Por Boris Zelaya Rubí

“Por muy justas que las leyes sean, si la justicia se administra arbitrariamente, ningún hombre puede estar seguro”.

Dios quiera que los nuevos dueños de diputados o “muñecos de ventrílocuo”, les hayan permitido ejercer el sufragio a su libre albedrío, y que al día de hoy estén electos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Algunos amigos nuestros se quedaron en el camino. No por ello, dejan de ser honrados y capaces, pero los chantajistas políticos no se lo permitieron, así como algunos (con injustificada razón), que por tener parientes que han delinquido en el ámbito privado y público, han sido marcados con el fierro de corruptos hasta el fin de sus atormentadas vidas. Los capaces aspirantes a estar frente a la máxima casa de justicia del país, no deberían cargar con esas culpas, porque como dice el refrán: “con los parientes se nace y los amigos se escogen”.

¿Cuál es el interés de un gobernante o de un partido en el poder para conquistar a la mayoría de los jueces? Según nuestra Carta Magna, en su Art. 321 dice literalmente: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Nos resistimos a creer que alguno de los togados seleccionados para dirigir y aplicar la justicia del país, pueda parcializarse motivado o agradecido para conspirar con fines políticos, de ser así, hay razón para dudar de todos y seguiremos en una “jungla jurídica” donde la ley se inclinará a favor de los mejor apadrinados o correligionarios, que tengan mayoría en las decisiones finales del pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El que piensa delinquir o está haciéndolo sin consecuencias hasta la fecha, buscará amañadamente protección para el futuro, logrando que si llegara ese momento, el encargado de remitirlo a las ergástulas, por agradecimiento le extienda cuantas cartas de libertad sean necesarias, besándole las manos al infractor por darle siete años de bonanza y prosperidad. No basta la resignación cristiana y la fe, que “cuando mueran le darán cuenta al Creador” ¡nada de eso! Los queremos ver pagando sus delitos aquí en la tierra, para satisfacción de los familiares de aquellos que están sufriendo las penas de la miseria terrenal, por la ambición desmedida de los “extorsionadores gubernamentales” que solo piensan en su estómago y sus bolsillos, o de los comerciantes inescrupulosos que venden cualquier cosa sin las especificaciones y garantías requeridas estafando al Estado, con tal de ganarse unos cuantos lempiras, corrompiendo a empleados y funcionarios públicos.

¿Tendremos que pensar que las togas negras son una especie de disfraz de brujos o verdugos con intereses por fuera? ¿Frustrarán las ambiciones de los que estudian “Ciencias Sociales y Jurídicas” de llegar al pináculo de su profesión, para convertirse en magistrados de la máxima autoridad de justicia? ¡Gran desilusión! Tienen que pertenecer a un partido político y ser obedientes. ¡Mondo cane!

¿Quién controla las acciones de los operadores de justicia? Todos los funcionarios son supervisados a posteriori sobre sus actuaciones por el Tribunal Superior de Cuentas o por el Ministerio Público, ¿tendrán profesionales más capaces que los togados para decidir si los fallos son correctos? Si las resoluciones son “Sobreseimientos Definitivos” ¿bastará con pedir perdón, sacudiendo las manos diciendo ¡este arroz ya se coció!? Estarán marcados con el fierro de corruptos hasta el final de sus días.

Pensar que después nos quejamos por la injerencia de otros países en nuestras decisiones ¡Hay razón! Pero… ante la malicia y la incapacidad, alguien tiene que auxiliarnos, no podemos seguir burlando al pueblo, que al final es el único perjudicado. Como decían las viejitas de antes ¡¿Qué estaremos pagando Señor?! Y ya con la ira desatada ¡mal rayo los parta!

De rodillas solo para orar a Dios.