¿Aspiraciones truncadas?

¿Aspiraciones truncadas?

ARTURO ALVARADO SÁNCHEZ

De conformidad a lo que manda el artículo 311 de la Constitución de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de candidatos no menor de tres por cada uno de los magistrados a elegir.

El mismo artículo manda que presentada la propuesta con la totalidad de los magistrados, se procederá a su elección. En caso de no lograrse mayoría calificada para la elección de la nómina completa, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario, hasta lograr el voto favorable de las dos terceras partes.

En tiempos pasados esta elección ha transcurrido sin mayores novedades, ya que los dos partidos tradicionales han logrado ponerse de acuerdo para repartirse los cargos bajo la fórmula conocida popularmente como ocho y siete. Es decir ocho magistrados con afiliación al partido gobernante y siete para el otro partido. Sin embargo, en esta ocasión la elección se ha visto complicada por el hecho que los dos partidos tradicionales no reúnen el número de diputados para alcanzar las dos terceras partes de los votos, ya que entre los dos partidos nuevos, Libre y Pac, obtuvieron 50 diputados en las pasadas elecciones, a pesar que con el transcurso del tiempo algunos de estos han abandonado la línea de su partido por diversas razones.

La problemática actual es que a pesar de no contar con los votos necesarios, los dos partidos tradicionales se pusieron nuevamente de acuerdo para elegir a los magistrados bajo la vieja fórmula del ocho a siete.

Considerando que después de varias votaciones, hasta la fecha solo se ha logrado elegir a ocho magistrados, de los cuales cinco pertenecen al Partido Liberal y tres al Partido Nacional, las preguntas obligadas son: ¿Por qué impulsar la fórmula tradicional si no se contaba con los votos requeridos? O ¿Se había negociado con alguno de los otros dos partidos y a último momento se rompió el acuerdo?

La mayoría de los hondureños teníamos y aún seguimos teniendo la esperanza que esta nueva Corte esté integrada por profesionales competentes, honestos, objetivos y que en el desempeño de su cargo no sigan las directrices emanadas de los poderes políticos o económicos. Seríamos ilusos en pensar que los candidatos seleccionados no tengan preferencia por un partido político, pero si demandamos que al momento de tomar posesión de su cargo se despojen de sus inclinaciones políticas y apliquen la justicia conforme a derecho y en forma rápida e imparcial. De lo contrario, las aspiraciones de los hondureños serían truncadas una vez más.

El problema que ha quedado evidente es que con el sistema de selección en el Congreso Nacional se crea una especie de subordinación de los magistrados electos, a quienes se les hace sentir que los líderes y diputados de su partido son los que los han puesto en el cargo y por lo tanto tienen que someterse a los dictados de ellos o de su partido.

Después de esta experiencia y con la esperanza que finalmente los políticos cumplan con su deber patriótico y logren completar la selección de los 15 magistrados y que estos desempeñen sus cargos, como muchos hondureños anhelamos, la sociedad tiene que impulsar cambios que mejoren el proceso de selección. La Corte Suprema constituye uno de los tres poderes del Estado y por lo tanto, además de asegurar que funcione el Estado de derecho, también cumple un papel importante en los pesos y contrapesos que deben existir para evitar los abusos en contra de los ciudadanos de parte de los poderes del Estado.