Bien macroeconómicamente, pero mal microeconómicamente
Bien macroeconómicamente, pero mal microeconómicamente
JORGE FLORES SILVA
Las autoridades de los organismos de conducción económica han afirmado que se han ido saneando las estadísticas macroeconómicas en virtud de que la economía del país se presenta sin mayores desequilibrios. Este optimismo se disipa cuando, al hacer un verdadero análisis de las cuentas nacionales y las finanzas públicas, se observa que no todos los sectores y las principales variables económicas están totalmente saneadas. Al no haber equilibrio en todos los sectores puede afectar a los que sí mantienen un saldo favorable y/o aceptable en sus balances, terminando al final en un desequilibrio en el conjunto de la economía, y el anhelado “saneamiento” resulta nulo. Un déficit en la producción nacional puede generar desequilibrio en el mercado interno y externo, un déficit fiscal puede llevar a un desequilibrio monetario, un déficit comercial puede incidir en el conjunto de la balanza de pagos y en el tipo de cambio.
Aparentemente, los indicadores macroeconómicos al presente muestran un panorama económico mejor, en relación con los años anteriores, y han sido avalados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no tiene mayor preocupación por el problema del desempleo, salud, educación y pobreza crónica que vive la generalidad de los hondureños. Este organismo multilateral de financiamiento pone su acento casi exclusivamente en la estabilidad macroeconómica y saneamiento de las finanzas. Pero no se reflejan en mayor bienestar para la población, la cual constantemente se queja cuando ve sus ingresos disminuidos por las altas tarifas de los servicios públicos, el alto costo de la canasta básica de alimentos y otros artículos de consumo diario, incluido el valor de los combustibles que, a pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo, del cual Honduras es muy dependiente, sus precios han sido fluctuantes y las rebajas muy mínimas. También la persona que recibe ingresos en lempiras se ve afectada por la rápida depreciación de la moneda nacional frente al dólar.
Pero aun con ese optimismo y mejoría en los indicadores económicos, la situación no es del todo bonancible porque el país mantiene una deuda pública interna como externa que ronda los diez mil millones de dólares, lo cual tiene implicaciones financieras y sociales. Es una deuda que sobrepasa el 40% del PIB, que la vuelve insostenible y sustrae recursos que deberían utilizarse en adecuados programas sociales. El 3.6% de crecimiento económico con el que cerró el año 2015 todavía resulta insuficiente para un país con mucha pobreza y carencias sociales. Un déficit fiscal de 3.1% al culminar el año recién pasado, aunque ha sido un alivio para las finanzas públicas, todavía no es manejable y solo refleja que el gobierno está gastando más de lo que le ingresa. Una devaluación como incremento del tipo de cambio frente al dólar de 4% al cierre del ejercicio económico 2015 incide en el poder de compra del consumidor y afecta a la pequeña empresa que recibe lempiras devaluados por la venta de sus productos. Fenómeno cambiario que se ha acelerado en los dos primeros meses del 2016. Inseguridad ciudadana que ha impactado en la actividad productiva y comercial del país. Pero su impacto es más visible en el flujo turístico y sus colaterales como ser la caída en los servicios de hotelería, restaurantes y transporte.
Rezago del sector real de la economía, principalmente el agropecuario, expresado en menor dinamismo por falta de servicios de apoyo productivo a los pequeños y medianos cultivadores rurales, sequía, desarticulación de la agricultura campesina e indígena, entre otros factores, han contribuido a que el aporte de este sector al crecimiento económico se haya reducido ostensiblemente hasta ubicarse en alrededor del 15% del PIB, pero sigue siendo un gran generador de empleo, aproximadamente 34% de la PEA. Caída del sector construcción y por consiguiente del empleo que genera. Ante todo este panorama, el reto al que somos llamados está en hacer uso racional de los recursos disponibles, aplicar efectivas asignaciones presupuestarias orientadas a la inversión productiva y aprovechar la oportunidad que se presenta al país para lograr términos de intercambio favorables a raíz de la caída de los precios internacionales del petróleo, procurando el ahorro y evitar el despilfarro.
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