Lecciones aprendidas

Por Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno*

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

El proceso de elección de los 15 magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia para el período 2016-2023 está a punto de concluir, y a pesar de ser considerado como el más riguroso de los realizados a la fecha, son varios los cuestionamientos y aspectos que indudablemente deberán de mejorarse para los procesos venideros, algunos de los cuales han sido recogidos en el informe final de la Junta Nominadora.

Entre dichos aspectos se incluyen la reforma a la Constitución y por consiguiente a la Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la Elección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a efectos de que la junta se instale con una anticipación de al menos 6 meses a la fecha de la elección; así como la remisión de la nómina de candidatos al Congreso Nacional 15 días antes como mínimo de la referida fecha, todo con la idea de que tanto la Junta Nominadora como el mismo órgano legislativo tengan el suficiente tiempo para analizar y evaluar a cada uno de los candidatos.

En cuanto a los criterios de evaluación los mismos deben fijarse de manera expresa dejando claramente establecidos los parámetros bajo los cuales serán valorados los candidatos y sus respectivas hojas de vida, lo que implica también la determinación de la información que debe divulgarse en concordancia con los principios de publicidad y transparencia que deben regir en procesos como este.

Un aspecto muy importante es que los candidatos que se sometan al proceso deben ser todos autopropuestos, y que no sean los distintos sectores e instituciones que conforman la Junta Nominadora los que los propongan, evitando así cualquier conflicto de intereses y buscando una mayor independencia y transparencia en el proceso.

En ese sentido la sociedad civil organizada debe valorar la conveniencia de seguir participando de forma activa en el proceso, ya que con dicha participación se compromete la posibilidad de una verdadera veeduría social del proceso al convertirse en “juez y parte” en el mismo.

En consonancia con lo anterior, la elección en el Congreso Nacional debe hacerse en base a la nómina completa, es decir tomando en consideración a los 45 candidatos o más que hayan sido propuestos por la Junta Nominadora, y no por la planilla que se proponga para tal efecto por parte de la Comisión nombrada por el presidente del Congreso Nacional. En ese sentido la votación deberá ser pública en las distintas etapas que se realicen, dando con ello mayor transparencia a la elección.

Si bien es cierto que el mecanismo utilizado ha presentado algunas deficiencias, el mismo ha ayudado en alguna medida a mejorar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, razón por la que se deben realizar los cambios necesarios para su perfeccionamiento, descartando así algunas propuestas encaminadas a que la elección de los magistrados se realice mediante el sufragio directo de la población, lo que vendría a politizar aún más el proceso y a limitar la participación de muchos interesados que no tendrían los recursos para realizar campañas en su favor, con lo que la “medicina sería peor que la enfermedad”.

Es importante dejar claramente establecido que a la par de las reformas planteadas para el proceso, es imperativo que todos los participantes, incluyendo a los miembros de la Junta Nominadora, diputados del Congreso Nacional y candidatos a magistrados, sean conscientes desde el inicio del proceso, de la responsabilidad que conlleva la elección de los miembros del máximo órgano jurisdiccional del país, el que se encarga de juzgar y ejecutar lo juzgado, pilar fundamental en un estado de derecho, en el fortalecimiento de la seguridad jurídica y en el combate a la corrupción e impunidad.

En todo el proceso deben primar los intereses de la patria por sobre cualquier interés político, económico o de cualquier otra índole, en el que todos deben actuar con responsabilidad, integridad y honestidad para elegir a los mejores hombres y mujeres no solo desde el punto de vista profesional y académico, sino también en cuanto a los más elevados principios y valores que deben estar presentes en los mismos.

Que Dios bendiga a Honduras.