Los maestros del quebranto

Los maestros del quebranto

OCTAVIO CARVAJAL

La caída reciente de un examinador de jueces que habría intercedido para violar las leyes, la captura de un exfuncionario que abusaba de los bienes confiscados a narcotraficantes marca el inicio que la justicia y sus actores están cambiando de actitud frente a la fiscalización exigente de las masas que nadie puede seguir infringiendo la legalidad.

No debe causar pasmo que alguien se preste para manosear un fallo judicial, pero sería injusto menospreciar que hace casi dos años venimos viendo un notable avance en los esfuerzos por transparentar y ejecutar castigos a servidores públicos implicados en millonarios actos de corrupción o tráfico de influencias.

Hace unos días fue arrestado en una clínica privada Humberto Palacios Moya, exdirector de Fiscales del Ministerio Público, quien siendo hombre de confianza del expresidente Porfirio Lobo Sosa, también rectoró la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). El abogado “rentó” a su yerno una mansión en la costa norte retenida al crimen organizado.

Horas después, Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura, que supuestamente vigilaba la decencia de jueces y tribunales, fue llevado a juicio por su presunta presión para liberar unos parientes sindicados de lavado de activos, uso de armas comerciales y prohibidas. Se le acusó de abuso de autoridad, prevaricato.

Sin vacilar, un prefecto lo mandó bajo arresto domiciliario a su palacio que sobresale en una modesta colonia capitalina. Fue suspendido del cargo que no honró, tal como falsamente prometió con la derecha para burlar la Constitución con la zurda. Juró cumplir y hacer cumplir las leyes y acabó violentando normas que exigía respetar, al menos eso de lo que le acusa el Ministerio Público. Doble cara.

Palacios Moya manchó su puesto. A Bonilla, según la Fiscalía lo enlodan grabaciones telefónicas pidiendo torcer la justicia en favor de sus familiares presos. El“concejal” resaltó en otra plática, por cierto muy soez, con el juez Víctor Lozano, quien exoneró de culpa la junta directiva del Seguro Social.

Los maestros del quebranto actuaban calladitos, pero no pudieron escapar.