¿Y el gobierno de facto?
¿Y el gobierno de facto?
Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario
La MACCIH es un organismo instituido por la OEA a petición del gobierno de Honduras, cuya finalidad es acompañar a las autoridades nacionales en el combate contra la corrupción.
Entre sus facultades se encuentra la de seleccionar los casos de corrupción en cuya investigación se comprometerá. Sus personeros señalaron que el del IHSS será uno de esos casos y en esto la población coincide con ellos.
Llama la atención, sin embargo, que no se aluda, por la MACCIH y las organizaciones de sociedad civil, al caso del gobierno de facto, ese que en apenas 7 meses manejó un presupuesto de miles de millones de lempiras, sin ningún control.
Durante esos 7 meses, las instituciones estatales hicieron lo que quisieron con los recursos presupuestarios. Nadie está en capacidad de decir en qué se aplicaron esos recursos en los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en las demás instituciones.
Recordará el apreciable lector, que durante ese tiempo el país estuvo fuera de la Comunidad Internacional. Hubo condenas de la ONU y la OEA, y nos expulsaron del sistema interamericano. Durante esos 7 meses y gran parte del periodo de Lobo Sosa, se suspendieron los desembolsos de donaciones y préstamos internacionales, y el Estado hondureño perdió su calidad de sujeto de crédito en el sistema interamericano e internacional.
El gobierno acudió, entonces, a la banca nacional, que, sin reparo alguno, concedió préstamos, con alto interés y brevísimos plazos. El efecto que estos préstamos en el presupuesto nacional, fue demoledor. Pasarán varias generaciones antes de que podamos reponernos del mismo.
Durante esos 7 meses, el gobierno estuvo fuera de control. Los gastos se sucedieron a ritmo vertiginoso, sin supervisión ni evaluación de lo ejecutado. Llegó Lobo Sosa y nadie rindió cuentas de ese período oscuro, cuestión que con claridad explicó el nuevo ministro de Finanzas.
La cantidad oscila entre los 10 y 20 mil millones de lempiras. Es mucho dinero. Mucho más del que desapareció del IHSS y de muchas instituciones autónomas durante varias décadas. Mucho más del beneficio que supuestamente significó para quienes se involucraron en el caso de la FIFA, que es un escándalo internacional.
Este es el mayor caso de corrupción en Honduras, ningún otro lo iguala en tiempo y cantidad, ni en proporción del daño causado, que se extenderá a varias generaciones de hondureños. Los niños que aún no han nacido, ya están condenados a trabajar para pagar lo que la desaparición de ese dinero causa y causará en nuestro país.
Esta situación plantea muchas interrogantes. ¿Por qué la desaparición de ese dinero no es un escándalo en Honduras? ¿Por qué la oposición que nació repudiando el Golpe de Estado no ha planteado la necesidad de investigar el destino de esas fabulosas cantidades de dinero? ¿Por qué no exigir que se investiguen los patrimonios de quienes fungieron en los altos cargos de ese gobierno de facto y de sus familiares?
Considerando que ese gobierno de facto fue condenado por la OEA y expulsado por esta del sistema interamericano, su investigación deviene una prioridad de primer orden para la MACCIH. No habría justificación alguna para excluirlo de los casos que habrá de seleccionar, ni habría razón de ser de la misma si eludiera su conocimiento, habida cuenta de que, justamente, fue su progenitora (OEA) la que condenó el surgimiento y consecuencias de ese nefasto gobierno.
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