¡Cómo apesta!

Wílmer Pérez

Lo que todos percibíamos finalmente fue descubierto: la Policía Nacional está tan putrefacta como los peores criminales, tanto así que la ciudadanía le teme más a ese cuerpo de seguridad que a los propios pandilleros de barrios y colonias de ciudades importantes y pueblos del interior. Oficiales de alto rango, ministros, políticos, comisarios, miembros de la escuela básica y hasta empresarios forman una cadena delictiva, casi todos ligados a bandas de narcotraficantes y extorsionadores de la peor ralea, quienes se han hecho millonarios explotando rutas, corredores y escenarios donde trafican con dinero, mucho dinero, y drogas sobornando a los más altos jerarcas policiales.

Tal vez por orden de la embajada de EUA -no me cabe duda- la semana anterior un comando de la Atic (Agencia técnica de investigación criminal), sin aviso previo, llegó al cuartel general de Casamata y a la dirección de la fuerza pública en San Pedro Sula a confiscar decenas de documentos relacionados a las actividades punibles del cuerpo armado.

Siete años después de las muertes del “zar de la droga”, Arístides González, y del experto en seguridad Alfredo Landaverde, la Atic sustrajo pruebas que revelan cómo ambos fueron ejecutados por orden de la cúpula policial a cambio de dinero, en el primer caso; y en el segundo “porque sabía demasiado”.

Ante el escándalo de quienes devienen obligados a proteger al pueblo, el presidente Hernández logró que el Congreso le aprobara un decreto para hacer una profunda limpieza de la Policía en cuanto a corrupción, narcotráfico, crímenes y negligencia de sus miembros. Para empezar, una comisión especial de tres miembros fue nombrada por el gobernante, la que debe analizar la base de datos que se ha creado para poder llevar a cabo un radical adecentamiento y, de paso, transformar la Diecp –inicialmente encargado de la depuración- en un organismo autónomo dirigido por un civil para que las pesquisas sean creíbles.