Reflexiones sobre seguridad ciudadana

Por: Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario

Cuando hablamos de “seguridad ciudadana”, nos referimos a la obligatoriedad del Estado en asegurar mediante políticas integrales, la pacífi ca convivencia entre sus ciudadanos, la erradicación de actos de violencia y el evitar la comisión de delitos contras las personas y sus bienes.

Por décadas, Honduras ha venido tropezando con la aplicación de políticas de seguridad equivocadas que hoy ubican al país como uno de los más violentos del mundo, y aunque a nivel de gobierno se diga lo contrario, los contantes hechos delictivos, las muertes masivas, los crímenes sin resolver, las extorsiones, el impuesto de guerra y los territorios controlados por bandas del crimen organizado entre otros, así lo demuestran.

¿Por qué fracasan las políticas de seguridad? Hay varios factores que seguramente inciden de manera notable, el primero de ellos es sin duda un sistema judicial y de investigación débil, temeroso, manipulado y colapsado, incapaz de llegar hasta el fi nal de las investigaciones y dar con los responsables de cometer delitos, los promocionados procesos de reforma al sector justicia se han visto sacudidos por los flagelos de la corrupción, la impunidad y el irrespeto a la ley.

Un segundo factor tiene que ver con una extraña combinación de interés político y manejo de presupuestos en materia de seguridad, se gastan miles de millones de lempiras al año en una lucha en la que los resultados son visibles solamente a nivel de estadísticas ofi ciales, no hay claridad ni equilibrio en el destino y el uso que se le da a los recursos asignados a la secretaría de Seguridad, Defensa y Ministerio Público.

¿Cómo se construye una política de seguridad ciudadana? Aunque seguramente son muchos los aspectos a valorar, no es necesario ser un experto en esta temática para entender que lo primordial es promover instituciones confi ables que garanticen el respeto de las normas legales vigentes, un modelo integral en el que el fi n primordial sea el valor de la gente y no la necesidad o el interés del Estado.

Un segundo elemento en este tipo de políticas se concentra en la prevención social mediante programas dirigidos a niñez y juventud en riesgo social atendiendo directamente sus situaciones de confl icto y vulnerabilidad, no es desconocido que en un gran porcentaje, niños y jóvenes son víctimas directas de explotación para la operatividad de grupos ligados al delito.

Finalmente, un tercer elemento tiene que ver con el fortalecimiento del sistema carcelario y la reformulación de políticas de rehabilitación y reinserción social para menores y adultos con el fi n de lograr que mientras dure la condena, el privado de libertad tenga la oportunidad de valorar la necesidad de vivir y actuar conforme a la ley y en armonía con la sociedad.

La lucha contra la inseguridad requiere más de medidas estratégicas efectivas y menos demagogia política, de un trabajo enfocado en la protección de los derechos humanos y no en la estigmatización de grupos o causas probables del delito, de un esquema que prioriza la prevención más que la reacción tardía, de un modelo de investigación ágil y efi ciente en el que no hay que esperar años sin saber por qué pasaron los hechos o quiénes fueron los responsables.