Renuncia de facultades

Por Juan Ramón Martínez

Llama mucho la atención lo dicho por Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional. Usando una lógica extraña a su formación científica, les atribuye a los partidos políticos representados en el Congreso, la responsabilidad porque la reelección sea continua y eterna. Lo que le hace concluir, en una afirmación falsa, porque suprime la base de la misma: las facultades indeclinables del Congreso en términos de su exclusiva competencia: legislar. Es decir que, su afirmación, se basa en un supuesto inexistente: que la Corte Suprema tiene competencias para reformar la Constitución. Y que el Congreso Nacional, en consecuencia, es un poder subordinado al que, han invadido irregularmente sus competencias. Pidiendo además, que el Congreso, además de aceptar tal invasión, agache la cabeza; y se conforme con las migajas, es decir reglamentando un acto ilegal que no tiene porqué la alta representación popular aceptar en ningún momento.

Aunque Mauricio Oliva es un hombre inteligente, no tiene conocimientos constitucionales; ni mucho menos compromisos firmes con la democracia. Es evidente que, estando tan subordinado el Congreso al Ejecutivo –que por momentos se parece mucho más al Consejo de Estado que creó Julio Lozano Díaz, que a un órgano legislativo de un país serio– su presidente, fácilmente pasa por alto que hay cosas indelegables, entre ellas la función básica del Congreso: la de legislar. Y aunque tiene probada sensibilidad literaria que conocí cuando él y yo éramos un par de desconocidos e indocumentados, carece de la información histórica y política, para darse cuenta que participa en la dirección de un órgano legislativo decolorado y disminuido que, al paso del tiempo, ha perdido su superioridad original, para convertirse en un simple sirviente del Poder Ejecutivo. Si Oliva, siquiera hubiese estudiado El Digesto Constitucional; o simplemente, leído el Artículo 375 constitucional, habría descubierto dos cosas básicas: 1) Que al principio, el Congreso del Estado, por su carácter de representante popular y de acuerdo a las tesis del federalismo clásico, fue el primer poder del Estado. En los últimos tiempos, solo en el último año del presidente Lobo, el Congreso tuvo algún brillo, cuando JOH gobernó al país, durante tres meses antes que concluyera el anterior período presidencial. Y que, además, intervino en la Corte destituyendo magistrados, a los cuales ni siquiera les dieron la oportunidad de renunciar, nombrado irregularmente, a los que integrarían la Sala Constitucional, encargada de producir una resolución que, como todas las ilegales, no produce resultado alguno. 2) Que la Constitución, solo se modifica o se reforma, de acuerdo con los procedimientos que ella misma establece. De allí que, la acción de la Corte Suprema de Justicia, lo que produjo fue un golpe en contra del Congreso que, su actual presidente, quiere pasar por alto; o buscar que le restemos importancia.

Por ello es que, quiere que los partidos políticos, representación popular, irregular, imprecisa e incluso ofensiva en algunos momentos por la inexistencia de vinculación de obediencia ciudadana y práctica democrática, se conviertan por sus diputados, en elaboradores de reglamentos de un acto ilegal, para así, legalizarlo. La trampa es clara; pero Oliva la pasa por alto, no por tonto porque no lo es, sino porque está en favor de la reelección –cosa que, no puede evadir por lealtad a quien le ha nombrado de dedo–; pero en contra si es indefinida, porque ello afecta sus intereses sucesorios que, por obediencia cree que, cuando JOH se aburra de ser presidente como Carías Andino; o cuando los “gringos” se opongan a un gobernante con vocación eterna, lo llamará a él, para que sea su candidato presidencial. Carías no escogió al presidente del Congreso, sino que a Gálvez. Y que las masas nacionalistas para entonces –mejor más pronto que tarde– le darán su respaldo, derrotando a los electorales liberales. Bobos y dormidos.

El Congreso lo que debe hacer si, desea reverdecer sus perdidos prestigios, es antes de reglamentar una resolución ilegal, discutir, aprobar o rechazar la intromisión de la Corte Suprema. Claro en un sistema autoritario como el que priva en el Congreso Nacional, Oliva tiene poder para impedir que esta discusión se produzca. Porque si se produjera, la mayoría de los diputados, sin lugar a duda, rechazarían la resolución ilegal de la Corte. ¡Aquí no hay cosa juzgada!