Una verdadera policía civil

Por Antonio Flores Arriaza
ideasafa1@gmail.com

Al fin. Ya era tiempo que se hiciera público lo que todos sabíamos y que, en mayor o menor medida, habíamos sufrido las consecuencias de su pésimo desempeño hacia la ciudadanía a la que están llamados a servir y proteger.

Los civiles hemos tenido la culpa de que eso fuese así. Cuando logramos desmembrar a la Policía y sacarla como una rama de las Fuerzas Armadas, le tuvimos miedo al cuero del tigre que habíamos matado. Permitimos que la tal Policía que creamos continuara siendo militar, pero fuera de las Fuerzas Armadas… y ni el vestuario les hicimos cambiar. Siguió siendo militar porque la mentalidad de sus miembros lo siguió siendo, siguieron actuando con los mismos vicios de los militares que gobernaron ilegítimamente el país, les permitimos que su doctrina siguiera siendo la militar y no los civilizamos. Permitimos que mantuvieran la misma organización militar, que tuvieran los mismos grados militares vestidos de nuevos nombres para aparentar que eran policías civiles, que siguieran administrando la institución como lo venían haciendo los militares a base de “derechos” reconocidos a las diferentes promociones (que no son sino pandillas de los que han sido compañeros, se han organizado según sus “habilidades” grupales y se han ido nutriendo de una visión de agazaparse esperando el momento para lanzarse y tener los derechos y canonjías que da el poder e imponer su voluntad por la jerarquía militar). Allí mismo sembramos la semilla de la corrupción y fuimos testigos permisivos de cómo crecía el mal árbol. Les fuimos permitiendo todo porque empezamos a tenerles miedo y, entonces, nos sumamos a la “ley de la omertá” que con balas han impuesto nuestra sociedad: esta es el código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos considerados asuntos que incumben a las personas implicadas. Esta práctica es muy difundida en casos de delitos graves o en los casos de mafia donde las personas incriminadas prefieren permanecer en silencio por miedo de represalias o por proteger a otros culpables.

Nosotros mismos les fuimos dando cada vez más autoridad. Les hemos abierto los espacios porque aún somos víctimas de la castración que nos hicieron los gobiernos militares que nos acostumbraron a tenerle miedo a los uniformes con rótulos y latas de colores. Así las cosas, los hemos puesto en posiciones de autoridad que no deberían tener porque las autoridades deben ser las civiles. El Inspector tiene más autoridad y poder que el alcalde del pueblo, imaginémonos si por allí se aparece un comisionado con sus hojas de laurel en la gorra: allá vamos todos a cederle el puesto central en la mesa. El mejor ejemplo son los comités viales que deben ser presididos por las alcaldías y no por la Policía de Tránsito que solo deberían ser obedientes ejecutores.

Ahora es cuando tenemos la oportunidad de crear una verdadera policía civil. Una policía que tenga una doctrina de servicio a la ciudadanía y una estrategia operativa ligada a las comunidades para servirlas y protegerlas y no para servirse de ellas y amedrentarlas. Ya basta esa visión militar de una policía encuartelada y armada para sojuzgarnos.

La cúpula policial debe ser civil (si el ministro de Defensa es un civil, que tendría más sentido que fuera un militar). La cúpula militar debería ser integrada del mismo modo que recién hemos hecho con la Corte Suprema de Justicia: a través de una comisión que seleccione a un conjunto de abogados para que ellos sean quienes dirijan a la Policía y, los policías de carrera, sean los ejecutores de las órdenes generales que brinde la cúpula civil. Esa comisión seleccionadora podría ser integrada por policías o fiscales provenientes de la asistencia internacional: un colombiano, un chileno, un estadounidense, un español (de los Mozos de Escuadra de Catalunya, la nueva y exitosa Policía de esa región española y que ya nos conocen gracias a la numerosa colonia hondureña que vive en Girona) y un japonés (que han venido tratando de que tengamos una policía comunitaria). De ese proceso de selección saldrían los abogados que ocuparían la cúpula policial a nombramiento del Presidente del Ejecutivo.

Esta misma comisión debería trabajar en diseñar el nuevo currículo para la formación policial. La formación en las escuelas policiales debe ser profundamente revisada y diseñar un currículo que esté fuertemente impregnado de moral, cívica, leyes y derechos humanos. Los policías, a diferencia de los militares, NO se deben formar para matar al enemigo. Deben ser servidores públicos y altamente respetuosos de la dignidad humana pero firmes luchadores en contra de los delincuentes y no sus aliados. Debe ser una policía científica y no militar.

Asimismo, debe desmantelarse esa estructura de poder militar que subyace íntimamente ligada al uniforme de los oficiales policiales y asimismo, esos derechos sindicalistas de las mafias de las promociones policiales. El ascenso debe ser por estricto mérito en el ejercicio de sus deberes policiales y no por tiempo o cursos. Los oficiales policiales deben desempeñarse como policías y no como oficinistas que no vemos en la calle. Para que nos sirvan los hemos becado en las escuelas policiales y no para que estén de niños bonitos en sus oficinas con aire acondicionado y en camionetas (que pagamos nosotros) con luces, sirenas y guardias que nos obligan a cederles el paso: como en la mejor época de los gobiernos militares. Servir y proteger a la ciudadanía o no tienen sentido.