DEPURACIÓN POLICIAL Y LO TRASTABILLADO

Editorial La Tribuna

PRIORIDAD, interés público y emergencia en la depuración policial. La Casa de Gobierno advierte: “O cerramos la Policía o construimos una confiable”. Más corriendo que andando, los diputados, en el despabilar de un mico, –sin tanto protocolo, estudio o discusión– aprueban el decreto enviado por el Ejecutivo. Como muestra que aquí el público se mueve por fogonazos. ¿Qué impresión habrá causado toda esta racha de detonaciones en tanta gente que hasta ahora abrigaba la esperanza que el proceso de depuración policial había iniciado bastante tiempo atrás y que este se estaba profundizando y perfeccionando con cada cambio de ministros y de las cúpulas policiales? (En realidad, de la depuración se habla desde cuando el recordado Corrales Padilla presidía la comisión de traspaso de la Policía a la égida civil. Acciones concretas para la depuración fueron tomadas por el finado Gautama Fonseca –quien quiso poner orden en el andamiaje de seguridad y consiguió que el Congreso Nacional emitiera un decreto facultándolo remover oficiales y policías sin tanta traba laboral– pero se topó que todos los destituidos fueron reintegrados por los juzgados, amparados en los Derechos del Trabajo establecidos en la Constitución (que preceden a cualquier disposición de ley secundaria).

Sin embargo, más recientemente –debido al incremento desmedido del crimen organizado, del narcotráfico y de las pandillas, a los señalamientos que los cuerpos policiales estaban coludidos con el delito y que la institución había diezmado su capacidad de responder a la ciudadanía frente a estos flagelos por descuido de otros gobiernos que antecedieron y que el país figuraba como uno de los más violentos del mundo– la depuración tuvo una fuerte acometida durante el gobierno nacionalista anterior, acentuada en el actual. Se emitieron leyes y nuevas medidas. Trajeron asesores de otras partes, para que dieran clases a los pupilos aquí de cómo hicieron las cosas en países que pasaron por similares circunstancias. Integraron comisiones –también asesoradas por expertos extranjeros– para diagnosticar el problema y formular recomendaciones. Constituyeron súper estructuras con el encargo de proceder cuanto antes a la depuración. Cada vez que algún bestial hecho criminal conmocionaba a la sociedad, cambiaban los altos jefes policiales. Crearon el “tasón”, alias la “tasa de seguridad”, para obtener recursos extraordinarios en apoyo de estos menesteres. Se dijo que las controversiales pruebas de confianza eran imprescindibles para someter a los oficiales y policías al necesario proceso de limpieza. A muchos tenían convencidos, si no alineados, que el proceso marchaba como tren sobre rieles.

Quizás solo la rectora manifestaba dudas al respecto, pero sus denuncias a veces se interpretaban que lo hacía por ganas de amolar. Los últimos acontecimientos pareciera que han terminado dándole la razón. Ahora, nuevamente, a la luz de los hechos presentes, la señora demanda que la “depuración no debe estar subordinada a la Secretaría de Seguridad”. Quién sabe que le hagan caso. Lo único que faltaría –ahora que vuelven a abrir la caja de Pandora, para caer otra vez en la sospecha, con su buena dosis de vilipendio que tanto daño hace a la moral de los esforzados oficiales y policías rectos y cumplidores que, sin duda, los hay dentro de la institución– es que acaben certificando a los otros que han mantenido una posición radical hacia los cuerpos de seguridad, proclamando a los cuatro vientos –para azoro de propios y extraños– que en el “país existen escuadrones irregulares” encargados de la limpieza social. ¿Cuánta de la percepción sobre el avance andado ha trastabillado con todo este jamaqueo? Pero como las naciones no perecen, es de sacudirse y volver a empezar, sabiendo que hay más tiempo que vida. Encomendar a la MACCIH que supla lo que los locales carecen por falta de confianza, que los países amigos vuelvan a enviar sus expertos, y no perder la fe que tarde o temprano las instituciones nacionales darán pie con bola.