Hasta las iglesias

Por Edmundo Orellana 
Catedrático universitario

Solo esto faltaba. Que las iglesias se sumen a los violadores de la Constitución. Como si no tuviéramos suficientes.

Cuando los políticos violan la Constitución exitosamente, como cuando destituyeron a Zelaya en el 2009, alegan razones de Estado, y con el tiempo logran que la violación se acepte. Zelaya, hoy, es parte del sistema político, que no se interrumpió, pese al golpe de estado, participando en los procesos políticos y alternando alegremente, en el Congreso, con quienes lo destituyeron.

Esa y las demás violaciones perpetradas por los políticos -que, por cierto, se han sucedido con inusitada rapidez- se podrán reparar políticamente, pero jamás culturalmente, porque queda la impresión de que las violaciones constitucionales son normales y, en la mayoría de los casos, quedan en total impunidad.

A los políticos se sumaron los jueces. Los efectos de la sentencia declarando inconstitucional la Constitución, fueron devastadores, porque, además de mutilarla, institucionalizaron las violaciones constitucionales y desmontaron el estado de derecho.

Hasta aquí, sin embargo, estamos ante políticos y mandaderos de los políticos, en quienes priva la idea de que aquello que interesa y conviene al jefe, interesa y conviene también al país.

La gravedad de esta situación se percibe cuando las violaciones son aceptadas como normales por quienes tienen la misión de salvar almas, mediante la congregación de personas, recuperándolas y alejándolas del pecado. Cuando estos adalides de la moral y de las buenas costumbres, participan alegremente del aquelarre de violaciones a la Constitución, poco o nada queda de la cultura jurídica del país, porque en las misas o cultos, los curas o pastores, en su condición de delegados de la divinidad para proclamar la palabra de Dios, devienen obligados a legitimar, desde la perspectiva divina, la violación constitucional.

Cuando a la razón de Estado se suma la fe para justificar las violaciones constitucionales, la fuerza que de esto dimana es arrolladora. Nada ni nadie puede impedir su ímpetu, porque tiene sus efectos en lo más profundo de la conciencia del ser humano; allí, donde la razón deja de ser.

Con el nombramiento de un pastor en la Comisión de Notables que acompañará al ministro de Seguridad en el proceso de depuración policial, se ha violado la Constitución, porque esta dispone lo siguiente: “Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos”. El nombramiento y la aceptación de este son actos inconstitucionales, por consiguiente.

Que el Presidente viole la Constitución una vez más, no importa, es su comportamiento habitual. Pero que la viole el pastor es inexcusable e inaceptable. Porque, aceptando su nombramiento, admite que la violación a la Constitución está consagrada por su Iglesia, obligando a la Confraternidad Evangélica a defenderlo a ultranza, porque todo lo hecho por él tiene el toque divino del Altísimo.

Ahora toca el turno a la Iglesia Católica, de quien el gobierno ha dicho que tendrá un representante en esa Comisión. Si esta también se une al aquelarre de violaciones constitucionales, habrá que admitir que nada queda ya de la cultura jurídica de respeto a la ley.

Solo esto nos faltaba, que las iglesias consagren el sistema de impunidad, causa de todos los males del país.