Unos por acción y otros por omisión

Unos por acción y otros por omisión

Editorial El Heraldo

No es de extrañar la reacción de la excúpula policial y de exministros de Seguridad en torno al informe que ha sacado a la luz EL HERALDO, en el que una treintena de policías aparecen vinculados al asesinato del zar antidrogas Arístides González.

Dicen que reconocer la culpa libera, pero no ha sido esa la norma en nuestra Honduras, donde se cuentan con los dedos de una mano, y quedan sobrando, los servidores públicos que han renunciado por decoro, vergüenza o gallardía tras ser expuestos públicamente en una falta flagrante.

Ese código de honor, que en otros países es considerado de elemental ética, no se aviene a la idiosincrasia del funcionario público hondureño.

Menos es de esperarse el mea culpa cuando se trata de un repudiable crimen en el que hay demasiados implicados, unos por acción y otros por omisión. Por lo tanto, corresponde al Ministerio Público llegar al fondo de este caso emblemático para deducir las responsabilidades que correspondan. No solo a quienes planificaron y ejecutaron el asesinato, sino a los que contribuyeron a su impunidad.

El reto es enorme, pero como bien describió la rectora de la UNAH, con este caso “finalmente se agarró el hilo de la madeja”.

La clave para sentar un precedente histórico en Honduras, como dijo el presidente de la Andi, “es que los entes encargados de impartir justicia lleguen al fondo del caso y judicialicen a los responsables”.

Y, como hemos venido insistiendo en este espacio editorial, mientras se resuelve este crimen, el de Alfredo Landaverde y el de otros hondureños asesinados por elementos policiales, el gobierno debe ir a la par configurando los cimientos de una nueva fuerza de seguridad que realmente esté dedicada a garantizar la protección de la población y no al servicio de la criminalidad.

Terrible sería dar marcha atrás y no actuar ni estar a la altura del capítulo que estamos viviendo. Por eso el gobierno debe poner sus mejores elementos y sus mayores esfuerzos para demostrar que somos un Estado de derecho capaz de asegurar la impartición de la justicia.