Las atrocidades de la Policía

 Sergio Zavala Leiva

La policía en Honduras está, como decía un cómico mexicano, “siempre en vigilia”, pero para amolarnos, para asaltar nuestras residencias, para robar nuestros vehículos o lo que es peor, para asesinarnos. Convirtiéndose de agentes del orden público en sicarios con carnet, con los uniformes y las armas que el Estado les ha proporcionado para garantizar la vida de la ciudadanía, lo que los hace en concurrentes con las bandas criminales o en su caso, servidores de las mismas.

Un reciente informe del Gobierno de la república ha venido a poner en claro el envilecimiento de esta institución, y las motivaciones para que los hondureños digamos basta ya de tanta pudrición en un cuerpo infiltrado por el crimen organizado y por las distintas bandas de narcotraficantes que operan en el país, y que se mueven impunemente, precisamente por ese contubernio que ha existido con la Policía Nacional, que les ha servido de brazo armado y de ejecución de sus nefastas actividades.

Si esta entidad se ha pasado al lado de los malvados ha sido por la deficiencia institucional que recae directamente en los altos mandos o en sus comisionados por no contar con estrategias coherentes para haber intervenido en este grave y escandaloso problema, al haber tenido a la vista el informe relacionado anteriormente y no haber hecho nada al respecto, convirtiéndose técnicamente en sus cómplices o encubridores, como así parece que sucederá. Los lazos entre la ciudadanía honrada y la policía nacional están ya fracturados por estas y otras atrocidades cometidos por sus agentes y oficiales tal como se ha reflejado en este informe, cuyos nombres ya debieron haberse dado a conocer, pues la vindicta pública lo exige. Los cambios realizados hasta la fecha para limpiar de fango esta entidad han sido cosméticos, por lo que la orden presidencial para hacerla desaparecer legalmente ha sido muy procedente y adecuada a las circunstancias, pero no un simple “borrón y cuenta nueva” pues se deberá exigir las responsabilidades correspondientes y no encubrir a nadie.

Una verdadera política de seguridad debe establecer, además de los correctivos, las disposiciones legales que respondan a una adecuada formación policial, para que se retome la confianza de la población hacia este cuerpo y sus mandos hasta ahora cómplices de esta vergonzosa situación. La reforma ordenada por el presidente de la República y por el Congreso Nacional que ha dado vida a un decreto para expeditar lo anterior, deberá estar como lo esperamos, fundado en el respeto a la ciudadanía, a la honestidad de los nuevos policías y a su apego a los derechos humanos del hondureño.