La ratonera

Wílmer Pérez R

Cada uno de los generales retirados de la Policía Nacional se irá con dos millones de lempiras como indemnización y recibirá prebendas mensuales de L.60,000 del IPM. ¡Qué hermosa distinción después de haberlos acusado de asesinar al “zar antidrogas” y compañero de armas Arístides Gonzales y al experto en asuntos de seguridad Alfredo Landaverde!

Eso es como mandar a un criminal a la Penitenciaría Nacional y en vez de purgar la pena le dan licencia para vivir tranquilamente el resto de sus días con su familia y sus posesiones. La impresión que causa la muerte de Gonzales y Landaverde es que los generales defenestrados participaron abierta o indirectamente en la planificación de los asesinatos obedeciendo la orden dictada por un capo de la droga que les entregó varios millones de dólares.

Contrario al Poder Ejecutivo, el pueblo quiere estar al tanto de quién o quiénes concibieron el plan, quién fue el intermediario con el cartel y quién dio la orden de ejecución de estas dos personas, junto a los sicarios que la cumplieron y que también están muertos.

El presidente Hernández dijo que a los acusados les caerá el peso de la ley, que serán enviados a los tribunales y a prisión si se les comprueban los delitos; sin embargo, los fiscales se quedan de brazos cruzados sin presentar ninguna querella y dejan a la Comisión especial para la depuración de la Policía meterse a ese entrevero peligroso.

Haciendo historia, la participación de militares comienza cuando Juan Ramón Mata manejaba a rienda suelta el paso de las drogas hacia EUA merced a los contactos que mantenía con Leónidas Torres Arias, exjefe del G-2.

Así me doy cuenta de que estos negocios no son nuevos. Solo esperamos que los autores sean identificados. La Iglesia Católica dice también que esto evidenció el silencio cómplice de gobernantes y políticos que protegieron a los oficiales implicados en colusión con el crimen organizado.