Constitucionalistas buscan apoyo militar

Por Armando Cerrato

Un grupo de ciudadanos de diverso signo político y amantes respetuosos de la Constitución han acudido al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras demandándole el cumplimiento de su tarea constitucional de velar por la alternabilidad en el desempeño de la Presidencia de la República.

La normalmente hermética puerta militar se abrió fácilmente y los jerarcas militares escucharon con atención la petición civil motivada por la intención manifiesta y en marcha del Partido Nacional, en el poder, de imponer la reelección presidencial del actual mandatario Juan Orlando Hernández Alvarado, aun cuando la Constitución lo prohíbe en varios artículos considerados pétreos que solo pueden ser reformados o derogados por el Congreso Nacional, previa autorización popular mediante un plebiscito o la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

La intención de perpetuarse en el poder motivó una rebelión civil-militar que defenestró al liberal José Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009 en una sustitución constitucional que solo afectó al Poder Ejecutivo a seis meses para cumplir su término, mismo que fue depositado en el también liberal y presidente del Congreso Roberto Micheletti Bain.

En esa fecha, Zelaya, pese a haber sido advertido por todo el estamento jurídico nacional que su actuar era ilegal, se proponía hacer una consulta popular preguntando a la ciudadanía si quería o no la instalación de una cuarta urna durante el proceso electoral normal y en la que la gente votara sí o no a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para que redactara una nueva Constitución en la cual se contemplaría la reelección presidencial incluida la ampliación del término de gobierno de cuatro a siete años.

El mandatario defenestrado sostenía que la consulta no era vinculante y se empeñó en que la misma fuese supervisada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y no el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como manda la ley, aparte de haber asaltado las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) en Tegucigalpa, donde se almacenaba el material electoral que mandó elaborar para la consulta y que le había sido confiscado por órdenes de la Corte Suprema de Justicia, que al final ordenó su arresto a las Fuerzas Armadas que, sin embargo, le mandaron al exilio a San José, Costa Rica.

Los nacionalistas habían propuesto a Zelaya una cuarta urna constitucional, al estar de acuerdo con él en que haya reelección presidencial, solo que de una forma que no lesionara términos jurídicos que al final han terminado haciendo ellos en su propósito por mantenerse en el poder, bajo el pretexto de que Juan Orlando Hernández Alvarado hace un buen gobierno (¿?) y los cuatro años para los que fue electo, -ya lleva dos y medio-, no son suficientes para cumplir con sus proyecciones desarrollistas.

Para ello quince diputados y el expresidente Rafael Leonardo Callejas, solicitaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declarara inconstitucional el Artículo 239 de la Constitución de la República e inaplicable un artículo del Código Penal, donde se prohibía a los funcionarios públicos incluso hablar o proponer la reelección presidencial so pena de ser declarados traidores a la patria y perder sus derechos civiles y políticos por diez años.

La Sala que previamente había sido reestructurada a gusto del presidente del Congreso, hoy Presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, quien ha sido respaldado después por la nueva Corte Suprema de Justicia que reestructuró de nuevo la Sala de lo Constitucional a su gusto y preferencia, falló y ratificó la sentencia en el sentido solicitado, es decir despenalizando y permitiendo que los funcionarios puedan hablar o promover la reelección.

Forzadas interpretaciones de los mismos exmagistrados y magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia, señalan que con la permisibilidad acordada se abre la puerta para la reelección, aun cuando hay otros artículos constitucionales que no la permiten y que solo podrían ser reformados o derogados por la vía constitucional señalada párrafos arriba.

En el Congreso los nacionalistas no tienen mayoría, pero creen poderla obtener por cualquier vía incluso la compra de votos a costo millonario entre diputados que saben que no volverán a serlo al volverse impopulares en sus respectivos partidos por su afinidad con la clase dominante.

Además los nacionalistas quieren darle un revestimiento popular a sus pretensiones reeleccionistas e hicieron una recolección de firmas entre sus militantes, asegurando tener en su haber 1.5 millones de firmas favorables que serán presentadas al Congreso para que los diputados entiendan que hay un clamor popular para que se reglamente la reelección, adoptando el modelo de los Estados Unidos de América, es decir, por tan solo un período más.

Sin embargo connotados juristas y la propia lógica formal y la hermenéutica jurídica señalan que el fallo de la Corte no es legal porque este ente no tiene competencia legislativa y mucho menos para declarar inconstitucional e inaplicable la Constitución tras 34 años de vigencia de la misma y bajo cuyo amparo han transcurrido nueve gobiernos, cuatro liberales y cuatro nacionalistas, y de ellos, uno y uno interrumpidos por golpes de Estado donde las Fuerzas Armadas han sido las protagonistas principales tras su irrupción en la toma del poder en 1957 por primera vez en el pasado siglo XX.

Como es su costumbre, los militares hondureños guardan silencio en torno a la petición de los civiles que paradójicamente acuden a los golpistas violadores de la Constitución por antonomasia para evitar una acción similar, esta vez cometida por civiles que esgrimen falsos tecnicismos jurídicos como respaldo a sus pretensiones para perpetuar en el poder al nacionalista Juan Orlando Hernández Alvarado.