Injusticia tributaria

Injusticia tributaria

Editorial El Heraldo

Burlados y engañados quedaron los asalariados con el veto al decreto que ampliaba la base exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR). La disposición del Poder Ejecutivo deja sin beneficio a casi cien mil trabajadores del sector público y privado que esperaban quedar fuera del pago de ese tributo.

El empresariado nacional ha deplorado la decisión del presidente Juan Orlando Hernández, así como la incorrecta interpretación y aplicación de la ley que ha hecho la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

La ley, que fue vetada extemporáneamente por el mandatario, “da la posibilidad de tener recursos adicionales disponibles para inversión, ahorro y consumo, con lo cual se genera un círculo virtuoso que crea bienestar, empleos y a la vez más impuestos para el Gobierno”, señaló la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).

La decisión del Ejecutivo afecta a los asalariados y ocurre en momentos en los que Honduras necesita generar urgentemente empleos, agrega la CCIT en un comunicado.

Mientras que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) recordó que el pueblo hondureño “ha sostenido en los últimos años una carga tributaria más allá de su capacidad adquisitiva y ha sido gracias a este sacrificio (...) que Honduras se encuentra hoy en niveles macroeconómicos muy estables”.

Considera que “es el momento oportuno de tomar decisiones que alivien esa carga tributaria y la interpretación al decreto del impuesto sobre la renta era una esperanza para mejorar la situación económica de la gran mayoría”.

Además advierte que de continuar “esta decisión desafortunada del Gobierno (...) veremos muy pronto una mayor contracción de la economía nacional”. Dichas acciones serían contrarias con la política del Gobierno orientada a la generación de empleo, ha dicho por su parte el Cohep.

Todo indica que los asalariados tendrán que seguir apretándose la faja ante el alto costo de la vida, el elevado Impuesto sobre Ventas y la ampliación del arancel a las gasolinas, además de la carga tributaria en general. La pregunta es: ¿Cuándo lo hará también el Gobierno?