Blanco equivocado

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

Ni la Maestría de Derecho Constitucional ni la Universidad de Valencia atentan contra la Constitución. Contra ésta ya no es posible atentar. Después de ser declarada inconstitucional, lo único que subsiste es el cadáver insepulto de lo que un día fue un intento malogrado de Constitución.

Desde su aprobación hasta la creación de la Sala de lo Constitucional, la Constitución era desconocida, incluso en los ambientes universitarios, pues solamente en dos o tres carreras se estudiaba. Por eso, nadie advertía sus violaciones. Evidentemente no estaba “rodeada de prestigio y de esplendor” y nada simbolizaba en el imaginario cívico popular.

La sociedad hondureña entró en contacto con la Constitución en ocasión del conflicto que se planteó entre el Congreso Nacional, que pretendió arrogarse la interpretación constitucional, y el Poder Judicial, que la reclamaba para sí. Y aunque, en su mayoría, desconocía la naturaleza del conflicto, la sociedad se decantó por la Corte Suprema de Justicia, a la que acepta como el defensor natural y legítimo de la Constitución.

Este defensor, sin embargo, no hizo honor a ese reconocimiento del pueblo hondureño, porque no dudó, cuando le resultó conveniente, convertirse en el sicario de la Constitución, cuando, en juicio sumarísimo, despojado de todo elemento racional, declaró que es inconstitucional. A partir de esta sentencia, ya no tenemos Constitución.

El sicario de la Constitución no es la academia, sino la Sala de lo Constitucional. A ésta es a quien debe saetear el arquero. La academia solo cumple con su deber constitucional, de abordar los problemas nacionales con rigor científico, abrevándose en las tendencias más modernas del constitucionalismo europeo y latinoamericano. Recurriendo ineludiblemente al pensamiento medular y orientador de los que más saben Derecho Constitucional, que, sin lugar a dudas, son extranjeros, lo que, el mismo asaeteador admite, cuando, para tensar su arco e imprimir mayor propulsión a las saetas, recurre al numen extranjero.

A este punto, cabe aclarar que la Universidad de Valencia nada tiene que ver en este tema. La responsabilidad es exclusivamente de la UNAH, por medio de la Facultad de Derecho y con la participación de los maestrantes que voluntariamente se incorporen al proyecto. En la Maestría no se subvierte el orden constitucional; al contrario, se fortalece mediante el conocimiento de la doctrina más moderna del Derecho Constitucional y la más reciente y pertinente jurisprudencia internacional y extranjera sobre esta disciplina del Derecho. A esto se limitan los profesores valencianos, por lo que es injusto imputarles responsabilidades más allá de las estrictamente docentes.

La subversión la provocó la Sala de lo Constitucional con su tristemente célebre sentencia. A partir de ésta, la Constitución quedó reducida al valor normativo de una simple ley secundaria. Situación que ha generado la idea de una nueva Constitución entre quienes, hasta hace poco, la rechazaban furiosamente. Idea que en el 2009 provocó, entre quienes la defendían y la rechazaban, la locura que nos arrastró a la crisis que todavía nos tiene empantanados. Hoy resulta que los adversarios de ayer, están del mismo lado, proponiendo una nueva Constitución, entre quienes se destaca el mismo Señor Presidente de la República, que, reiteradamente, ha afirmado que es una de sus prioridades. Por eso, si se insiste en saetear, no a los sicarios, sino a los que pretenden una nueva Constitución, el arquero debe incluir, además de los “autóctonos”, al Señor Presidente entre sus blancos.

La nueva Constitución es inevitable, porque el pueblo hondureño está convencido de que la vigente es un adefesio jurídico. Y es que es difícil no aceptar esta convicción del pueblo hondureño, cuando reconocemos que la Constitución se distingue por lo siguiente: porque ostenta el galardón de ser la más modificada en la historia, el baldón de ser la única declarada inconstitucional en la historia de Honduras y el estigma de ser la única en el mundo declarada inconstitucional por un Tribunal Constitucional.