Por una cultura de justicia

Por Óscar Lanza Rosales
Creo que a la mayoría de los hondureños nos dejó desconcertados el pobre desempeño de algunos magistrados de la anterior Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo mismo que la inmadurez con que actuó la sociedad hondureña, principalmente nuestra clase política en el proceso de selección de la nueva CSJ.

Dejó un sinsabor en la ciudadanía, por ejemplo, el voto disidente emitido en forma extemporánea por el magistrado Elmer Lizardo, como miembro de la Sala de lo Constitucional, sobre el fallo unánime por esa sala, a favor del recurso interpuesto por el expresidente nacionalista Rafael Leonardo Callejas para que declarara inaplicable el artículo 239 de la Constitución de la República, sobre la reelección presidencial en Honduras. Frente a esta malograda actuación de un magistrado, todos nos quedamos preguntando: ¿Cómo es posible que un funcionario de su nivel, que se supone es una persona muy centrada, pausada y responsable para estampar su firma, un día diga sí a favor del fallo y al día siguiente se retracte?

Lo mismo sucedió con el magistrado Víctor Manuel Lozano, que integrando la Corte de Apelaciones Especial dictó sobreseimiento definitivo para los exdirectivos del Seguro Social que autorizaron el traslado de 1,500 millones de lempiras del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte al régimen de Enfermedad y Maternidad, lo cual está prohibido por la ley. El magistrado Lozano, al día siguiente del fallo, pidió perdón al pueblo hondureño, aceptando que cometieron un error y que lo correcto era rectificarlo.

El magistrado presidente de la CSJ también fue tolerante y partícipe de todas las irregularidades cometidas por el defenestrado Consejo de la Judicatura que él presidía.

Sobre la elección de los magistrados de la nueva CSJ, a la opinión pública todavía no le pasa que los partidos tradicionales, Nacional y Liberal, se sigan repartiendo el pastel matemáticamente 8 a 7 y en forma alternada. Como la anterior Corte era de 8 liberales y 7 nacionalistas, en la nueva se evidenció el pacto de 8 nacionalistas y 7 liberales.

Y para confirmar lo anterior el actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, a quien considero un buen abogado, honrado y de buena fe, pero que ahora se ha politizado, salió a manifestar públicamente que su partido exigía el nombramiento de 8 magistrados liberales y la presidencia de esa Corte. Pero en el proceso de elección como que los nacionalistas le recordaron que ahora a ellos les correspondía la mayoría y la presidencia, y así se pactó y aprobó.

Y ya cuando se habían electo 8 magistrados y faltaban 7 para completar la Corte, el máximo dirigente del Partido Anticorrupción (PAC) que se supone debería tener mejor formación política y concepciones más modernas que los partidos tradicionales, hace pública su propuesta de escoger 6 candidatos, según él los más independientes entre los 37 candidatos restantes, y aceptando al candidato Rolando Argueta del Partido Nacional, o sea la propuesta del 6 a 1.

Frente a esta propuesta del PAC, un veterano periodista muy conocido de la televisión la calificó de ridícula, porque no es posible que un partido minoritario como el PAC con 13 diputados le dispute esta elección al Partido Nacional que tiene 48 diputados, ya que según él, no guarda proporción.

Esto es un retrato de lo que está sucediendo en el Poder Judicial, internamente y externamente, que ni sus empleados y funcionarios, y tampoco la sociedad sabe de su significado e importancia para el desarrollo y la democracia del país. Como que todavía no nos damos cuenta, que para lograr tales propósitos requerimos de un Poder Judicial incólume e intachable. Competente, transparente, imparcial e independiente. Que para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos ciudadanos y el debido proceso, se necesitan jueces y magistrados capaces, honrados, objetivos e insobornables.

Que la ecuación ideal de la CSJ no es de 8 nacionalistas y 7 liberales o viceversa, o de alguna proporcionalidad, sino que se necesitan 15 magistrados, no importa su afiliación política, que actúen de manera equitativa en impartir justicia, tratando por igual a todos los ciudadanos con independencia de su raza, género, religión o posición social.

En ese sentido, requerimos de la CSJ una campaña de relaciones públicas, para promover una cultura de justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante acciones orientadas a cambiar hábitos y comportamientos; y conjuntamente con una institucionalidad superada que nos conduzcan a un país donde se tenga la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno de sus hijos su derecho.