Desigualdad, derechos y formación de valores

Por Marcio Enrique Sierra Mejía

El desarrollo desigual siempre ha sido un patrón característico de la formación social hondureña. Ya en la época precolombina existió la desigualdad bajo peculiares modos de manifestación, que estaban asociados a formas de organización político territorial, con un carácter colonizador diverso: nómada primitivo o sedentaria civilizada. Los mayas, alcanzaron niveles de calidad de vida y una división social del trabajo más avanzado, comparado con las de otras comunidades indígenas, que coexistieron simultáneamente en el territorio de Honduras. La propiedad privada y el abuso por la apropiación de la riqueza y de los beneficios privados que derivan de esa apropiación eran bastante reducidos. Sin embargo, con el correr del tiempo este patrón se fue acentuando y se fueron implantando condiciones que aumentaron una diferencia importante en los niveles de ingreso. En tiempos de la conquista y la colonización española, se establecen nuevas formas de explotación basadas en una organización de las relaciones de producción, que cambia el control práctico de la tierra e impone los primeros rasgos de una propiedad privada, no necesariamente bajo términos capitalistas, pero si generadora de un régimen de organización económica que desde el siglo XVI, perpetua la usurpación territorial y la discriminación social que va a afectar nuestra formación social por el resto de su existencia.

A partir de la conquista y la colonización española, los niveles de ingreso comienzan a diferenciarse en proporciones desmedidas porque se instauran formas de control de la tierra y de la mano de obra no propiamente capitalistas, pero sí inhumanas e irrespetuosas de los derechos de los trabajadores y de las comunidades indígenas, principales proveedoras de fuerza laboral. En la estructura productiva de la nación aparece el latifundio con todas las secuelas sociales que trae su aparición, desde la apropiación fraudulenta de la tierra, hasta la expulsión de pobladores indígenas y campesinos hacia tierras marginales sin acceso ni ventajas mercantiles necesarias para vender la producción o realizar intercambio de productos de manera justa y apropiadas para la acumulación.

La privación de derechos, es decir, la falta de recursos o de servicios básicos parar obtener ingresos monetarios, alimentos, acceso a la educación, a la salud, al entretenimiento sano u otros derechos humanos, en vez de minimizarse, más bien se maximiza. Para los hondureños, la entrada a la época independiente y de modernización de la base económica y social, significa la agudización gradual y permanente de la privación económica, social, política y cultural. Los procesos de desarrollo o de crecimiento económico que se realizan aumentan la carencia y la escasez de los bienes más elementales.

Con el advenimiento del capitalismo en Honduras sobre todo a finales del siglo XVIII; se comienza una fase de crecimiento económico que va a conducir hacia un desarrollo nacional, que visto en perspectiva histórica, nos ha conducido a la debacle porque la desigualdad crece y crece, y la pérdida de valores, se incrementa estrepitosamente. Lo que se esperaba que ocurriese con el desarrollo capitalista; es decir, mejor distribución y bienestar social: no está ocurriendo. Por el contrario, la escasez ahora es más indigna, y los niveles de pobreza y pobreza extrema, no solo se ve en términos de ingresos monetarios y de necesidades básicas sino que también en la privación de derechos humanos.

Más de la mitad de la población del país, vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, recayendo sobre la población indígena; de la cual, más del 70% viven bajo esas condiciones. Fenómeno que se convierte en causa y consecuencia de la denegación de los derechos humanos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con un capitalismo que ha desarrollado un progreso tecnológico extraordinario, los derechos humanos y las medidas adoptadas para eliminar la extrema pobreza no se refuerzan mutuamente?

Tenemos que cambiar el proceso capitalista que estamos viviendo. Y tomar los derechos humanos como herramienta para mejorar el ciclo de las políticas públicas. El Estado debe empoderar los principios de igualdad, no discriminación, participación, acceso a la información y rendición de cuentas. Hay que educar en valores desde la familia hasta la escuela y la universidad. No podemos continuar viviendo en una sociedad supuestamente democrática basada en valores propios de una cultura narco criminal, corrupta y fraudulenta, en la que a los niños y los jóvenes no se les proporciona una socialización de enseñanzas que los conduzcan a ser personas libres y honestas y en ciudadanos activos.