Derechos humanos y pobreza en Honduras

Derechos humanos y pobreza en Honduras

El cambio social que la ciudadanía hondureña demanda en la actualidad pasa inevitablemente por la adopción de un método de evaluación de políticas públicas centradas en erradicar la pobreza, distinto al que ha sido costumbre aplicar en gobiernos pasados. Se necesita apreciar la política pública desde el ángulo multidimensional de la pobreza (IPM) considerando las carencias de derechos humanos que la ciudadanía enfrenta. Ya no es suficiente ver nuestra pobreza solo en términos económicos, como una cuestión monetaria. La experta Magdalena Sepúlveda, plantea que la pobreza: “es la combinación de escasez de ingresos, falta de desarrollo humano y exclusión social”. Dicha definición, se convierte en el nuevo concepto referencial de pobreza para las entidades del Estado de Honduras y la ciudadanía. Ahora, al recabar los datos hay que considerar las dimensiones e indicadores de la pobreza multidimensional y a partir de estos elementos crear el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), se tiene que evaluar la extrema pobreza, no solo en términos de sus causas, manifestaciones y consecuencias, sino que tomando en consideración la indivisibilidad, independencia e interrelación de todos los derechos humanos. No solo hay que reconocer la escasez de ingresos como una de las principales características de la extrema pobreza, es importante reconocer los derechos humanos, las carencias sociales, culturales y políticas.1 Hay dimensiones de los derechos humanos que precisamente se originan debido a la ausencia y atención de derechos humanos en el ámbito familiar. En los hogares hondureños, existen carencias sociales asociadas a derechos humanos que hay que visibilizar y abordarlos en las políticas públicas. Son derechos interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 2

En la democracia hondureña existe una mayoría de hogares pobres y vulnerables con muchas carencias democráticas que provocan en sus miembros trastornos en su vida como ciudadanos, sobretodo, en las áreas rurales. Por tal razón, las autoridades del gobierno actual han decidido y emprendido un giro importante y significativo para evaluar la ejecución de las políticas públicas que buscan erradicar la pobreza, considerando la naturaleza multidimensional de este fenómeno, de tal modo, que puedan plantearse correctivos más apropiados para reorientar el proceso de erradicación de la pobreza. Ya se cuenta con mediciones técnicas al nivel nacional y focal que aplican el IPM. También han decidido, ordenar el Programa Vida Mejor en el marco de una política pública, tomando como sustrato conceptual básico el enfoque de derechos humanos. Con esta determinación gubernativa, manifiestan una voluntad política progresista y una visión acertada para enriquecer el proceso de erradicación de la pobreza. Lo que significa, que al empoderar técnicamente al gobierno con el enfoque multidimensional de la pobreza, van a producirse importantes consecuencias sociopolíticas que beneficiarán a la población hondureña en general. En una perspectiva sociológica, son tres los efectos significativos que se producirán: 1) El gobierno tendrá que empoderar a la ciudadanía pobre de Honduras sobre la cuestión de las privaciones de derechos humanos que están presentes en su diario vivir; y al hacerlo, las soluciones para su erradicación, tendrán que ser el resultado de acciones compartidas.

En consecuencia, en la aplicación de la política pública Vida Mejor, los actores del gobierno involucrados en la ejecución al nivel de campo, tendrán que ejercer una acción educativa en los miembros de las familias beneficiadas, necesaria para superar las carencias de desarrollo humano; 2) En la Constitución de la República habrá que hacer reformas para incluir el nuevo concepto de pobreza multidimensional en una perspectiva de derechos humanos. Lo cual, va a requerir la definición de los preceptos constitucionales que esto conlleva; 3) El uso y aplicación del concepto de pobreza multidimensional bajo el enfoque de los derechos humanos, coloca al gobierno en una posición política vanguardista, porque promueven la lucha por una conquista social de cambio que no había sido adoptada en gobiernos anteriores. En otras palabras, al visibilizar la privación de derechos humanos como un hecho social; el gobierno, toma una postura interesante y reivindicativa que contribuye a formar conciencia ciudadana que tendrá consecuencias directas en la reforma institucional que ya han planteado y van a realizar.

El gobierno demócrata republicano actual al asumir el nuevo concepto de pobreza multidimensional, demuestran que en la democracia en transición en que vivimos, se abren los espacios para que los jóvenes, las mujeres y los hombres de todos los estratos sociales contribuyan a construir una sociedad, en la que la Vida Mejor, se logra a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Esto lo han entendido muy bien en el gobierno de JOH, y con ello, se crean las condiciones políticas para avanzar de la mano con los ciudadanos. Habrá que garantizar que factores de derechos humanos y justicia transicional se reflejen en acuerdo políticos, promoviendo la participación ciudadana en el diseño e implementación de la política pública de Vida Mejor. Realizando consultas nacionales y emprendiendo la socialización de políticas públicas sociales orientadas a atacar la pobreza multidimensional.
















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