Más leyes

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

Un nuevo Código Penal, que recoja toda la normativa dispersa en la legislación y, a su vez, incorpore las nuevas figuras penales y adecúe las existentes a la sociedad actual, es una medida que todos debemos aplaudir.

Lo reprochable es que sigamos pensando que los problemas de la sociedad se resuelven con nuevas leyes. Da la impresión de que, quienes promueven este nuevo Código Penal, están seguros que la criminalidad bajará drásticamente desde el momento de su vigencia. Abundan en explicaciones sobre las bondades del nuevo texto penal, desde todas las perspectivas. Los académicos aseguran que será un referente para Centroamérica; los políticos, por su parte, garantizan que a los fiscales y jueces penales se les proveerá de mejores y más efectivas herramientas para el cumplimiento de sus funciones.

Seguramente tengan razón. En donde están equivocados es en la confianza que les inspira esta nueva normativa para resolver los problemas del sistema de justicia penal.

Con un nuevo Código Penal no se resuelven los problemas en la investigación de los delitos. Este es, seguramente, el problema medular del sistema, porque sin investigación profesional de los hechos criminales, jamás se llega a identificar con certeza el responsable de los mismos. Para ejemplo, tenemos los asesinatos más sonados, en los que, se sospecha, participó la policía, sin embargo, aún no han llegado hasta los autores intelectuales. El caso del robo de los millones de dólares a los Valle, imputado a un grupo de los policías que participaron en la captura de estos supuestos narcos, terminó en un desastroso final, cuando el tribunal decidió declararlos no culpables por la debilidad en las pruebas presentadas, lo que debe entenderse, a falta de información creíble, que o bien los investigadores hicieron mal su trabajo, los fiscales no sustentaron debidamente el caso o los jueces no aplicaron un criterio jurídico objetivo al analizar las pruebas presentadas. En estos casos, lo que resulta evidente es que el sistema falla, no por la ausencia de leyes, sino por la mala gestión de los operadores del mismo. Justamente, a ayudarnos a superar estas deficiencias vino la MACCIH.

Por otro lado, la violencia y el crimen tienen sus causas y éstas no son legales, por lo que no es con remedios legales que pueden eliminarse. Sus causas son, esencialmente, socio- económicas. Será, pues, con medidas de esta naturaleza que debe iniciarse un proceso de eliminación de las mismas. Atacar el caldo de cultivo de la violencia y el crimen, es deber ineludible del gobierno. En otras palabras, se trata de cumplir con lo que la Constitución manda: respetar y proteger la persona humana, garantizándole el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.

Con políticas públicas pertinentes y con acciones transparentes y efectivas, aplicadas a los problemas socio- económicos identificados objetivamente, por funcionarios capaces y comprometidos únicamente con el país, no con sus intereses ni los de su partido, observaríamos, seguramente, avances significativos, a mediano plazo, en la supresión de las causas de la violencia y del crimen. Pero no estaría completo el cuadro, si no consideramos el papel de los investigadores, peritos forenses, fiscales y jueces, cuyo rol es de capital importancia en el combate contra la impunidad, puesto que todos los esfuerzos por crear mejores condiciones de vida se frustrarían si no hubiese un sistema de justicia creíble, confiable y profesional que castigue severamente al que delinque, sin importar su condición social o económica.

Las prácticas del buen gobierno y un efectivo sistema de justicia es la fórmula para iniciar el proceso de recuperación de nuestra sociedad, elevando la calidad de vida de los hondureños y garantizándoles la imparcialidad y la severidad en la aplicación de la ley.

Habrá que preguntarse entonces: ¿Qué efecto tendrá en estas falencias el nuevo Código Penal?