La lucha contra la corrupción, la impunidad y la depuración policial

La lucha contra la corrupción, la impunidad y la depuración policial

Por José Rolando Sarmiento Rosales

Pese a la suma importancia de los esfuerzos contra la ola de violencia y delincuencia que vivimos en el país, que tanto temor y amenaza causa en nuestra población, más los actos de corrupción y criminalidad que se han venido dando desde el interior de la Policía Nacional, según lo reflejan las publicaciones de medios nacionales e internacionales, más la pasividad que durante mucho tiempo fue la característica de las autoridades encargadas de la persecución, investigación y enjuiciamiento de los delincuentes, pero también es justo que abordemos otros temas de trascendental importancia para el país y los hondureños, es decir que en medio de tanto escándalo y controversia por la depuración o no de los cuerpos policiales, algo que debemos esperar que ocurra obligatoriamente, e igual que el combate a la corrupción y la impunidad en toda la administración pública, no solo en el Seguro Social o en la Secretaría de Salud, sino en donde se sospeche o se descubran hechos de enriquecimiento ilícito como lo ha señalado Juan Jiménez Mayor, vocero de la MACCIH, en una de sus primeras comparecencias públicas en su permanencia en Honduras.

El objetivo no solo es de castigar a los responsables, sino que también entendemos que procede restituir al Estado los bienes públicos usurpados, para poder cumplimentar las acciones en beneficio de la población de nuestro país, con centros de salud y hospitales mejor dotados, con suficientes medicinas, insumos y apoyo logístico para atender los miles de casos diarios de pacientes enfermos en el tratamiento de sus enfermedades y padecimientos diagnosticados, que esa es la realidad del Seguro Social y de Salud Pública en sus centros de salud, clínicas y hospitales, con insuficiente abastecimiento, pese a las licitaciones públicas anuales, a las adquisiciones millonarias de medicamentos e insumos médicos, porque al parecer los amañamientos de la colusión entre funcionarios públicos y empresas participantes, da lugar a que no se entreguen las compras completas, que no cuenten con la calidad requerida, o que de las mismas bodegas de almacenamiento existan fugas para negociarlas, en vez de aplicarlas al correcto abastecimiento de hospitales, sus clínicas de consulta externa y los miles de centros de salud en el país.

De igual manera que los integrantes de la Policía, del Ministerio Público, con sus fiscalías especializadas, ahora con sus órganos investigativos y de medicina forense, así como de los tribunales de Justicia, trabajen coordinadamente para profundizar en los casos que les toque manejar, a fin de reunir las pruebas, testimonios y evidencias que los lleven a consolidar las acusaciones contra los presuntos responsables de los múltiples delitos que se cometen en Honduras, no solo de corrupción y enriquecimiento ilícito, sino de narcotráfico, lavado de activos, sicariato, extorsiones económicas, asociaciones ilícitas, secuestros, asaltos, hechos que a su vez generan la ola de violencia y crímenes violentos que ocurren a diario, quitándole la vida a transportistas, a comerciantes, a participantes en actividades del narcomenudeo, a integrantes de bandas en competencia de territorios, o la eliminación física que se practica entre grupos pandilleros enemigos, según lo que trasciende en los informes de los cuerpos de seguridad estatal.

La comprobación de la notoria existencia de todos estos hechos, la hemos visto en los actos de extradición de narcotraficantes y personajes ligados con el lavado de activos, los cientos de encarcelados por sicariato, extorsión, asociación ilícita, y la reducción a partir del año anterior de los hechos de violencia criminal, cuando los cuerpos de seguridad reestructurados, han comenzado a efectuar su trabajo de prevención, de investigación y persecución de los delincuentes, que se había descuidado por andar coludidos con las bandas delincuenciales, en actos al margen de la ley y sus responsabilidades asignadas, razón que justifica el proceso de depuración iniciado hace ya varios años, pero ahora con mayor celeridad, confiabilidad y transparencia.

El Estado, a través del Poder Ejecutivo se vio obligado a presentar un decreto especial, que aprobado con el apoyo mayoritario de los diputados del Congreso Nacional, dio lugar a la integración una Comisión Especial para proceder a la depuración del personal de oficiales superiores, oficiales subordinados y de escala básica, y reorganización de los cuerpos de la Policía Nacional, que ha dado lugar a la separación de numerosos altos oficiales, y que en su funcionamiento de 12 meses llevará a una necesaria limpieza de personal, que por diversas razones no tengan un limpio desempeño en sus funciones y responsabilidades asignadas, que se les compruebe actos reñidos con la ley orgánica de la institución, o que no pasen las pruebas de confianza correspondientes.

Urgen reformas a las leyes de la administración pública central y municipal, de los organismos de control y de auditoría interna, para una mayor efectividad y transparencia en rendición de cuentas.