Y los que se van, ¿rendirán cuentas?

Y los que se van, ¿rendirán cuentas?

MIGDONIA AYESTAS

Honduras está a las puertas de la elección de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, dicho proceso es también visto como la oportunidad para conocer los resultados de la gestión de quienes fungieron en ese honorable cargo para que, con información objetivamente comprobable y medible, nos rindan cuentas sobre asuntos como la mora judicial, el grado de impunidad, la transparencia en sus actuaciones y la relación de algunos jueces en casos particulares.

No basta con elegir una nueva Corte, es necesario conocer dichos resultados en un contexto en el que la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y los niveles de satisfacción de la población por la respuesta recibida son bajos.

La exigencia por conocer los resultados de la gestión de los funcionarios salientes es una tarea pendiente de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas de seguridad y justicia y una labor por cumplir de la institución a cargo de pedir que se rinda cuentas sobre los asuntos y cómo se invierten los recursos del Estado.

Al elegir a los nuevos funcionarios de tan importante Poder del Estado, nuestras autoridades deben ser objetivas y transparentes y tener la clara visión de que son los candidatos idóneos para evidenciar que vamos por la ruta correcta en la impartición de justicia en momentos en los que nadie cree en nada ni en nadie.

Las normas de conducta en su vida pública y en sus actuaciones profesionales, sus vínculos y conflictos de intereses son aspectos a considerar ante la gran responsabilidad del Congreso Nacional dada la necesidad de que los pobres y los que viven en condiciones de vulnerabilidad puedan tener acceso a la justicia pronta y expedita que cuando se les lesiona un bien o derecho jurídicamente protegido, el Estado les dará respuesta mediante la investigación y reparación por un delito cometido en su contra, caso contrario, el acceso a la justicia será posible para quienes puedan pagarla y no para el pueblo que la espera, entonces, ¿cómo es que la potestad de la impartición de justicia emana del pueblo?