¿Nuevos aires?

Editorial La Prensa

Recientemente, el director de fiscales del Ministerio Público anunció la presentación en los próximos días de al menos 19 requerimientos fiscales relacionados con el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y otros de corrupción de gran impacto que tienen conexión con el Instituto Nacional Agrario (INA), Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupem) y con la Secretaría de Salud.

En lo que respecta al IHSS el indicado funcionario explicó que “se ha planificado darle vida a una Unidad Nacional de Apoyo Fiscal en San Pedro Sula, para que despliegue más rápido las investigaciones que tienen que ver con el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social y comenzar el próximo año (2016) con las acciones de este asunto en lo que corresponde a San Pedro Sula”. Agregando que entre los imputados por estas nuevas acciones de la fiscalía figuran “algunos funcionarios actuales, exfuncionarios y personas particulares”. Añadiendo que la mayoría de los delitos a imputar son por abuso de autoridad, corrupción, sobornos y fraudes de todo tipo y otros delitos conexos.

A esta promesa se viene a sumar la ofrecida a mediados del año recién pasado por el Poder Ejecutivo, cuando se afirmó por voceros del Gobierno y por el propio presidente de la República Juan Orlando Hernández, que no solamente los responsables de la debacle en el seguro social rendirán cuentas por el manejo irregular de los recursos del Estado, sino que también se procedería a judicializar otros casos de corrupción que han sido investigados en varias instituciones públicas como el Instituto de la Propiedad (IP), la Dirección General del Transporte (DGT), Instituto Nacional de Migración y Extranjería, Aduanas y otros, que fueron intervenidos por órdenes del mandatario hondureño, y ya se tiene –según lo expresó– información para proceder en contra de los responsables de irregularidades en dichas entidades.

De concretarse estas acciones penales, estaríamos arribando a una nueva era en Honduras nunca antes vista, que pondría fin a la impunidad oficial tan arraigada por décadas en nuestro país, hasta ahora coto de los políticos que se han enriquecido a costa del erario público. El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra la vicepresidenta del Congreso Nacional por suponerla responsable de varios delitos contra la salud pública, malversación de caudales y fraude, vendría dentro de este contexto a constituir el primero contra altos funcionarios del Estado a quienes se les estaría exigiendo responsabilidad criminal por sus dolosas actuaciones, lo que sería congruente con la política del presidente Hernández para no dejar “títere sin cabeza” o para hacer lo que se tiene que hacer en el pandemónium de la corrupción y del enriquecimiento ilícito en Honduras. Si todo se cumple, una nueva era habrá arribado a nuestro país, la de la transparencia, de la ética y de las rectificaciones. Tenemos leyes para combatir la corrupción, lo que ha faltado hasta ahora es voluntad política.