Los efectos de la corrupción y la impunidad en la seguridad pública

Por José Antonio Pereira Ortega
Coronel (r)

Es obvio y es de hecho justificado el cuestionamiento y el reclamo popular por los resultados de la actuación de los funcionarios públicos incluidos los de la Policía Nacional, además, nadie puede defender que algunos policías han fallado en su desarrollo en la actividad de proteger y servir al ciudadano hondureño.

No podemos discutir tampoco que es esa inoficiosa actitud de algunos policías, lo que ha arrastrado a esta noble institución a ser cuestionada y vilipendiada, en especial porque es a ella se le ha dado la difícil misión de proveer seguridad a la ciudadanía en su integridad física y en sus bienes.

Debemos rescatar que no todos los policías son corruptos y en segundo lugar, los reclamantes no se molestan en conocer qué impulsa o lleva al mal policía a actuar incorrectamente, y en última instancia y no menos importante, han convertido la depuración en un caballo de Troya de organizaciones políticas en la oposición, ONG’s y uno que otro grupo que por intereses personales o grupales cuestionan el proceso.

De tal forma y a manera de orientación para ser justos, debo decir que esta depuración como se ha planteado no es efectiva, es incuestionable debe corregirse, pero debemos ser justos en los señalamientos y cooperar con los buenos policías, y para ello quiero mencionar algunos factores claves para que los policías corruptos hayan sucumbido en su misión, agravada por la dificultad para las autoridades, porque no puede despedirlos, si tomamos en cuenta que legalmente están protegidos por las leyes nacionales, debiendo recordar la resolución de la Corte que declaró inconstitucional el decreto del polígrafo.

Inicio comentando que todo se origina por la mala práctica ciudadana de no respetar las leyes y a las personas que la representan, generada esta situación porque se ha instalado como costumbre que la ley es para negociar, no para aplicarse. Al cometer una falta por ejemplo de tránsito, cuando lo detiene la Policía, es el infractor que promueve el soborno (mordida) y el otro como ya es costumbre procede a apañarla y disfrutar el beneficio.

Lo anterior es fértil para promover el desorden institucional a nivel nacional porque desarrolla controles ineficaces, permitiendo así el accionar corrupto de esos funcionarios quienes detectan que no hay controles y estiman que pueden actuar con impunidad, aún y cuando hayan pruebas irrefutables que los incriminen y no se detienen a sabiendas que no serán sancionados, no se previenen y actúan sin pudor, argumentando que es una corrupción lícita. Nos encontramos entonces con el primer factor que convierte a algunos funcionarios en corruptos, y es la aplicación incorrecta de la ley, que ayuda a que la corrupción se convierta en una actividad rentable y que deja jugosas ganancias a grupos e individuos que la promueven y ejecutan, incluyendo a los que se hacen los locos a sabiendas.

En consecuencia ese fuerte nexo entre corrupción e impunidad asegura una relación dinámica, una puede ser al mismo tiempo causa y efecto de la otra, además la impunidad es la que permite la protección a los corruptos porque inhabilita la posibilidad de juzgarlos, evitando que estos enfrenten las consecuencias administrativas, legales (civiles y penales), incluso los sociales por sus actos deshonestos.

De manera tal que con esta “luz”, es la corrupción que permite asegurar la impunidad, sus actores sean gobiernos, empresas, instituciones públicas, ONG’s, se valen de ella para acomodar y desobedecer normas, leyes, desafiar sistemas y controles sociales adoptando para ello diversas modalidades como el soborno, el padrinazgo, el favoritismo, el nepotismo que dan la sensación de ser lícitas tal y como se experimenta con el lobby y la influencia indebida.

En este sentido, vemos como las prácticas corruptas propician un círculo vicioso y una vez que dan resultados se instituyen como normas lícitas (impunidad) y en nuestro caso podemos ver que no es propio de la institución policial sino de su entorno, con el único agravante que el policía está para cumplir y hacer cumplir la ley y es a él que se le ha depositado la confianza del pueblo para su protección.

Finalizo comentando que tampoco se puede ocultar que hoy día la principal preocupación de los habitantes, incluso por encima de la pobreza y el desempleo, son la violencia y la delincuencia, pero también vale decir que su incremento no es completamente culpa de la Policía, es una parte, pero hay otros factores como los arriba mencionados, agregándole también un rápido y desordenado crecimiento urbano, la desigualdad, niveles de pobreza, el desarrollo meteórico en nuestras narices de organizaciones criminales, por supuesto el incontrolado y fácil acceso a las armas de fuego.

No olvidemos entonces que en todos estos factores intervienen sectores privados y públicos, de que sirve que los delincuentes se capturen si no los mandan a prisión, por debilidad de la ley y porque no hay adecuados centros de detención. No todo se arregla depurando a la Policía solamente hay que ir más allá y no quedarnos en señalamientos demagógicos y de supuesto interés pacifista.