Marrullerías

 Sergio Zavala

Nuevamente los políticos de oficio quieren hacer de las suyas poniéndose de acuerdo en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, es decir, conspiran contra Honduras para elegir magistrados afines a los intereses de los que por hoy gobiernan o desgobiernan este desvencijado país, quienes según los medios, cabildean negociaciones al margen de la ética y la transparencia con los políticos marrulleros de las mal llamadas fuerzas de oposición, adelantándose que ya tienen 84 votos de los 86 necesarios para consumar este nuevo zarpazo a la institucionalidad.

Las negociaciones en este tipo de eventos serían normales, pero dentro del marco constitucional que aboga por un Estado de derecho y una sociedad política, económica y socialmente justa.

Hasta ahora el trabajo de la Junta Nominadora ha sido correcto en su labor depuradora, dejando en la cuneta a los candidatos y candidotes que a su criterio no han reunido las condiciones para merecer el alto cargo judicial, aun aquellos que ya se mencionaban para presidir la próxima Corte Suprema que quedaron varados en el camino.

Las presiones que se han ejercido a este organismo no se han hecho esperar, según denuncias de sus propios miembros, pero han sabido rechazarlas y el proceso no se ha contaminado aún.

El problema estriba con los votos de algunos diputados corruptos miembros de las llamadas “bancaditas” y de otros disidentes del Partido Liberal, Libre y del Pac cuyo voto el oficialismo tiene controlado a saber por cuantas razones a quienes sus dirigentes los han calificado como “traidores”, y que en rigor legal serían también traidores a la Patria, pues anteponiendo los intereses personales y de grupo a los intereses del país, llevan a cabo estas oscuras negociaciones que pueden socavar la independencia del Poder Judicial, o llevar nuevamente al país a una crisis política.

La próxima elección del máximo tribunal de justicia debe entonces enmarcarse dentro de un acto institucional, no político, y debe ser el resultado de un riguroso escrutinio, lo cual impone al Congreso Nacional la obligación de elegir a los futuros magistrados dentro de un proceso ético y transparente, no mediante turbias negociaciones.

Esta será una nueva oportunidad para adecentar la administración de justicia, que se puede desperdiciar si acontecen este tipo de eventos, pero que por contra se puede lograr con el reclutamiento de excelentes jueces en una elección transparente, tal como lo ha anunciado el presidente del Legislativo. Restaría esperar si este anuncio es sincero o puras pamplinas para timar nuevamente al pueblo hondureño.