Maliciosa resolución

Sergio Zavala

Indudablemente, el sobreseimiento definitivo dictado ad hoc por una Corte de Apelaciones, integrada por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a favor de los exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a quienes el Ministerio Público los supone responsables de varios delitos relacionados con el mal manejo de 1,500 millones de lempiras, es malicioso y ha puesto una vez más en entredicho la administración de justicia en el país.

Esta insólita resolución judicial fue proferida el 15 de noviembre de 2015, pero sospechosamente fue notificada hasta el 21 de los corrientes, o sea, a tres días de que el máximo tribunal de justicia terminara constitucionalmente sus funciones, lo que nos hace pensar que la Corte de Apelaciones integrada para juzgar este caso estaba esperando el “momento procesal” ideal para notificarlo a fin de que así pasara desapercibido. Este caso, calificado como vergonzoso por el representante de Transparencia Internacional (TI), contrasta con el de dos jóvenes sampedranos que impulsados por la necesidad se robaron un “churro” de una pulpería, por lo cual fueron detenidos en la Primera Estación de Policía de la ciudad para ser puestos posteriormente a la orden de la autoridad judicial correspondiente.

Lo que evidencia que la justicia en Honduras no es igual para todos, especialmente para los que no tenemos ni el favor oficial ni la influencia de algún político de turno, lo que obviamente varios exdirectivos sobreseídos poseen a raudales y borbollones.

En todo órgano colegiado como el IHSS rigen ciertas reglas legales para establecer las responsabilidades que puedan imputarse a los exdirectivos, lo que algunos de ellos han pretendido eludir, alegando no haber asistido a las sesiones en que se aprobaron los actos de corrupción que ya conocemos. Este alegato más bien se revierte jurídicamente contra ellos si no existió una justa causa para su inasistencia, ya que la ley y su reglamento los obligaba a asistir a las sesiones e impedir la aprobación de estos monstruosos actos.

Toda junta directiva es garante del manejo de los fondos de la institución, y al no haber asistido a las sesiones como lo pretenden para exculparse podrían ser imputados por omisión. Los únicos que estarían exentos de responsabilidad son los directivos que asistieron y que votaron en contra del masivo fraude.

Llama poderosamente la atención el perdón expresado por un exmagistrado por el “error” cometido, pero esto a nuestros ojos no es más que el reconocimiento y aceptación tácita de este desaguisado judicial, que en el fondo ha sido una burla más a los intereses del pueblo hondureño.