Proyecto de ley vehicular es inconstitucional y lesiona al consumidor

Por: Dr. Israel Romero PuertoJuris Doctor (Jurista Internacional),
PhD – israel09r@yahoo.com

Por millonésima vez repetimos que el pueblo hondureño debería estar alerta y con los ojos bien pelados cada vez que se trata de emitir una nueva ley o por cualquier reglamentación o decreto, porque la constante en Honduras es que trae vicios ocultos, siempre en perjuicio de las clases de abajo.

Esta vez, el Congreso Nacional está cocinando una nueva ley para regular la importación de vehículos. Usted dirá: el pueblo no importa vehículos, y si lo hace uno que otro ciudadano, es de vez en cuando al traer un carrito en buenas condiciones desde los Estados Unidos. Equivocados, otra vez. Porque en la nueva legislación se trata de cambiar el arancel a los vehículos menores de 2500 cc, con un aumento al registro de 200 lempiras al año. Recuerde que esos son vehículos pequeños e incluye motocicletas, que son los que más consume la gente que gana menos dinero. Es decir que el trancazo va dirigido a los de abajo. Los importadores de vehículos no los registran, y si pagan algo más por la introducción, se lo cargan a quienes los compran. Escuche esto: el aumento a la introducción será de dos mil y tres mil lempiras, dependiendo del tipo de vehículo. Ese aumento lo pagarán quienes compren el vehículo.

Otra movida chueca incluida en el proyecto, que por cierto ya pasó la segunda sesión legislativa, es el cambio del fideicomiso que estaba depositado y era manejado por un banco privado. De súbito lo quieren cambiar directo al Estado de Honduras. No especifican a qué cuenta ni a nombre de quién estará esa cuenta. Queremos recordarles que últimamente una serie de cuentas que debieran estar a nombre del Estado se abren en forma anónima, y no se sabe quién es el beneficiario. Hace falta un reportaje de investigación para lograr encontrar la persona que está mamando todas esas tetas, para lucro personal.

Desde la administración de Porfirio Lobo Sosa se hicieron una serie de cambios populistas que solo perjudicaron a los pobres. Se aprobó la ecotasa en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, el control de las exoneraciones y medidas antievasión para aumentar ingresos y reducir el gasto público. No hay duda que suena bonito, pero los pudientes siguen evadiendo impuestos, abriendo cuentas y organizando empresas de maletín en los paraísos fiscales, incluyendo los Panamá Papers. Y el gasto público en vez de reducirse ha aumentado enormemente.

Además, derogó exoneraciones de importación de mercancía. No obstante, siguen introduciendo mercancía al país subvalorada, y en muchos casos sin pagar impuestos, es decir, de contrabando. Además de eso, lo hacen usando ilegalmente ciertos tratados bilaterales de comercio. Grabó la importación de combustibles que lo que trajo fue aumento a las gasolinas y sus derivados en perjuicio del consumidor. Amplió la base del Impuesto Sobre la Renta lo que obliga a las clases asalariadas a pagar más impuestos sobre su ingreso sin recibir aumentos de sueldo. Redujo el subsidio de la electricidad lo que dio terreno a la ENEE a subir las facturas mensuales por servicio de electricidad. Finalmente, aprobó un alza del 3% sobre ventas, telefonía móvil y televisión por cable, con lo cual las telefónicas y las compañías de cable subieron un 20% a sus servicios. Todo lo anterior, solo trajo más miseria al sufrido pueblo hondureño.

Ahora, el gobierno quiere poner el último clavo al ataúd del pueblo hondureño, porque los pobres, los que menos ganan, ni siquiera una bicicleta van a poder comprar. Vemos con buenos ojos y aplaudimos la posición del Partido Liberal, del PAC y del PINU/SD de oponerse a ese proyecto de ley, y esperamos que no se apruebe. Todos debemos apoyar a quienes están en contra de esa medida, porque es lesiva a los intereses del pueblo.

Yuri Sabas, jefe de la bancada liberal, Doris Gutiérrez, jefe de la bancada PINU/SD, y el Kaiser Jaime Villegas, jefe de la bancada del PAC, aseguran que ese proyecto de ley no pasará porque es dañino para el pueblo hondureño. Doris Gutiérrez se atrevió a decir que el proyecto se presentó sin decir de dónde procede, por lo que ella cree viene del Ejecutivo.

Constitución de la República ARTÍCULO 213. “Tienen exclusivamente la iniciativa de Ley los diputados al Congreso Nacional, el Presidente de la República por medio de los secretarios de Estado, así como la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, en asuntos de su competencia”. El viento no tiene iniciativa de ley, y ese proyecto llegó al Congreso Nacional por obra y gracia del viento. Por lo tanto, tiene que ser defenestrado.

Nosotros opinamos que ese proyecto es ilegal porque no tiene nadie que lo presente. Es inconstitucional porque tiene que mostrarse que quien lo presenta tiene iniciativa de ley. De lo contrario, es nulo y sin valor, y tiene que ser descarrilado en protección del consumidor hondureño.