Deplorables declaraciones

 Sergio Zavala Leiva

Los últimos acontecimientos ocurridos contra varias unidades del transporte público que dejaron un saldo de varios pasajeros muertos y destruidas dichas unidades produjeron las declaraciones del secretario ejecutivo del Consejo de Ministros del actual Gobierno, quien temerariamente afirma que han sido ordenados por los mismos empresarios convertidos, según él, en mafias que se pelean las rutas del transporte público.

Con estas injuriosas declaraciones, este servidor gubernamental se lleva por delante a mucha gente honrada que, con sacrificios y a costa de su integridad, presta en forma lícita este servicio, al acusarlos de formar parte del crimen organizado. En vez de solidarizarse con ellos y prometerles una exhaustiva investigación, más bien se lava las manos y pone en precario la eficiencia del actual Gobierno en temas como la seguridad, al no dar una respuesta contundente a este sector que se ve cada vez más cercado por los extorsionadores y las pandillas que tienen en jaque a la ciudadanía hondureña, y que en rigor de verdad son los responsables de este tipo de fechorías contra los que se niegan a pagarles el mal llamado “impuesto de guerra”, que no es más que una vil extorsión.

Las empresas de transporte tal como las concibe la ley hondureña deberán ser concesionarias del Estado para poder explotar este servicio, de modo, pues, que únicamente las que gocen de este beneficio podrán dedicarse a este rubro, en ningún caso esta actividad podría estar en manos del crimen organizado, como lo afirma el aludido funcionario, pues es el mismo Ejecutivo el que lo concede, y no podría otorgarlo a personas pertenecientes al crimen organizado o a las mafias, como aquel lo afirma irresponsablemente, a menos de estar coludidos con ellos.

Obviamente que se pretende ocultar la ineficiencia y la inexcusable dejadez de las autoridades en el combate contra este tipo de actos ilícitos o extorsiones, que se encuentran en un punto álgido y que afectan no solo a los empresarios del transporte, sino que a la ciudadanía hondureña en general. Con la anodina conclusión a que llega el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, este pretende relevar a las autoridades de su obligación de hacer las pesquisas que correspondan y para llevar a la justicia a los responsables de este delito, ya que de antemano el funcionario relacionado “cura en salud” a las autoridades con sus disparatadas declaraciones, quedando las acciones penales de los malhechores en la más grosera y absoluta impunidad.