¿Tienen derecho los asesinos?

la tribuna

Por: Mario E. Fumero

Con la inauguración de la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, los defensores de los derechos humanos han puesto el grito en el cielo cuando el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández determinó que los delincuentes peligrosos deben permanecer aislados e incomunicados, como medida de máxima seguridad y afirmó que “alguien que estando privado de su libertad no solo burla al Estado y su sociedad, sino que atenta y utiliza niños para asesinar, no merece más que tenerlo totalmente aislado para proteger al resto de la sociedad; no son angelitos”.

Si hablamos y aceptamos los derechos de los delincuentes, debemos también definir el derecho de las víctimas, y el derecho del Estado a garantizar la seguridad social en cuanto a los actos delictivos. Cuando fue ministro de Seguridad el fallecido abogado Gaumata Fonseca, ordenó que a los presos se les pusiera un uniforme y se les enchacharan de los pies, pero dicha medida tuvo que ser anulada por el reclamo de las defensoras de los derechos humanos.

Cuando una persona atenta contra la vida y la seguridad de la sociedad, automáticamente pierde todos sus derechos, y por lo tanto, durante su período de cumplimiento de sentencia, tal ciudadano pierde no solo su libertad, sino también todo lo que ello conlleva, como son sus derechos personales y civiles. Ya está bueno de que los defensores de los derechos humanos sigan tratando de defender al delincuente, ignorando las consecuencias trágicas para las víctimas de los mismos, porque tus derechos terminan, cuando los míos comienzan.

Es tiempo de poner freno a los defensores de unos derechos que tristemente afectan a los indefensos, y que el señor Presidente, así como las autoridades pertinentes, ejerzan todo el peso de la ley, para que aquellos que cometen actos cruentos y abominables sean severamente castigados, y las autoridades no deben dejarse intimidar de esos movimientos protectores de los criminales, los cuales ignoran el derecho de la mayoría de los ciudadanos que quieren vivir en tranquilidad y seguridad. Las cárceles no deben de ser hoteles, hospedaje o centro de operación delincuencial, sino un lugar donde el delincuente sienta que está pagando su culpa, y eso se logra haciéndole perder todos sus privilegios durante su proceso de sentencia.

En los países más civilizados y prósperos, como Estados Unidos y Europa Occidental, a los delincuentes peligrosos se les lleva a cárceles de máxima seguridad, y se les incomunica. Solo se les permite hablar con la familia a través de un cristal y por un micrófono, y cuando se le saca de la cárcel para cualquier asunto externo, se les lleva enchachados de los pies, y con un uniforme de raya que lo distingue como presidiario. Estos países prósperos no actúan de acuerdo a los reclamos de los defensores de los derechos humanos, sino de acuerdo a sus legislaciones propias, y aplican la ley ignorando a los que promueven una justicia injusta, porque no tienen derecho aquellos que no respetan la vida.

Es tiempo que el pueblo apoye cualquier medida que evite que los centros penales sigan siendo centros de operaciones delincuenciales como los que han sido hasta ahora, para dirigir desde ahí la extorsión, el sicariato y las demás acciones delictivas. Debemos hacer sentir nuestra voz y defender el derecho de vivir en tranquilidad y paz, porque solo infundiendo temor podremos detener la cultura de la impunidad y criminalidad.

No podemos apoyar este tipo de derechos desde la perspectiva bíblica, porque la palabra de Dios establece que uno cosecha lo que siembra.