Adictos al poder

Por Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

Las negociaciones entre los lados oscuros del Partido Nacional, Partido Liberal y Libre ya han rendido sus funestos frutos; la entrega de la Sala de lo Constitucional anterior y la presente ante las pretensiones reeleccionistas del Presidente de Honduras aceptando recursos que legalmente debieron ser desestimados por inconstitucionales y el bloqueo de peticiones hechas por buenos ciudadanos que creyeron que la nueva Sala sería más congruente y consecuente con la realidad jurídica del tema, solo son expresiones de los cooptados que están los poderes del Estado en el país y del poco respeto que se tienen a sí mismos los “honorables magistrados” de dicha Sala, y para colmo de males de igual forma en el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados han señalado que el apócrifo fallo es cosa juzgada y que van a inscribir a su dueño como candidato a la reelección.

No hay duda que se viven tiempos terribles para la democracia en nuestra nación, y que, los adictos al poder no tienen la menor consideración por nuestro pobre pueblo, en su convencimiento podrido, creen tener el derecho a gobernar el país por “cincuenta años”, dejando a un lado todo argumento jurídico, en lo que es una farsa vergonzante construyeron los poderes del Estado con activistas políticos para que les allanaran el camino para el siguiente fraude, eso, a pesar que dos tercios de la población se han manifestado en contra de la reelección y que, en todos los análisis que se han construido con apego a la ley, no existe camino viable para la misma porque la Constitución y sus artículos pétreos o irreformables declaran de manera tajante la imposibilidad que la misma exista sino es por el camino de una Asamblea Nacional Constituyente.

La tarea de mantener dividida a la oposición, negociando con el lado oscuro del Partido Liberal y de Libre, le ha colocado al gobernante el poder absoluto en bandeja de plata, se les olvida a todos ellos, que los delitos de los cuales son culpables no prescriben y pueden ser deducidos en cualquier tiempo presente o futuro, no dudo que ese tiempo ha de llegar antes de los que estos “caballeros de industria” se imaginan y que en ese mismo costal de culpabilidad están los diputados al Congreso Nacional que presentaron el recurso ante la Sala de lo Constitucional, los magistrados anteriores y presentes de dicha Sala, el fiscal general y el fiscal en defensa de la Constitución, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y todos aquellos funcionarios civiles o militares que promuevan el continuismo y la instauración en nuestro país de una dictadura disfrazada de democracia.

La adicción es un término médico que señala una condición en la que un individuo tiene una adhesión, una entrega, un hábito de quienes se dejan dominar por un apetito desproporcionado y maligno a diversas cosas, entre ellas, el poder es quizás el más grande adictivo para las mentes y los corazones de quienes ven en el poder, privilegios antes que responsabilidades, un estilo de vida antes que una razón de ser, comodidades antes que compromisos con los más necesitados; ese tipo de personajes han destruido muchos países de América Latina que deberían ser nuestros espejos: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina en su momento y otros en todo el mundo donde los caudillos se han enamorado del poder por el poder mismo.

En un dicho popular se señala que “solo el pueblo puede salvar al pueblo”, nuestra Carta Magna nos señala en el Artículo 375 nuestra responsabilidad ciudadana ante tal vejación de la Constitución cuando dice que la misma no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distinto del que ella misma dispone. En estos casos, todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su efectiva vigencia.

Es por lo tanto nuestra obligación como ciudadanos defender el imperio de la Constitución ante este burdo atropello del estado de derecho y espero que, así como señala el Artículo 272 párrafo segundo, las Fuerzas Armadas que están instituidas para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, no se presten para violentar el supremo texto de nuestra democracia y que, dadas las circunstancias, junto con el pueblo del cual provienen, defiendan la legalidad y el imperio de nuestra ley de leyes para beneficio del pueblo hondureño.