Alcaldes imputados

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

La administración moderna demanda descongestionar el centro del gobierno para el manejo fluido de los asuntos del Estado. Lo que sugiere, fundamentalmente, la transferencia de funciones y servicios hacia los gobiernos locales, porque a su administración fácilmente se puede insuflar procesos y metodologías que permitan la atención de las necesidades de la población con mayor eficiencia y eficacia.

Son muchas las ventajas de transferir a las municipalidades las responsabilidades que históricamente retiene el gobierno central. Para el caso, no hay duda de que el costo de la prestación de algunos de los servicios públicos a nivel municipal es mucho menor que el que exige el suministro de los servicios públicos a nivel nacional, aún cuando dispongan de la misma tecnología; asimismo, que la inmediatez en la prestación del servicio permite que el usuario pueda ejercer un control más directo y efectivo sobre la calidad en la prestación del servicio, y, por esta vía, ponderar con consecuencias reales la gestión de los ediles, ya que, en caso, de no llenar las expectativas, los vecinos votarían por otras opciones en las próximas elecciones.

Esta participación del usuario en el control de la prestación del servicio constituye un agregado poderoso en la formación de la cultura política del ciudadano, porque, arrastrado por las circunstancias, se encuentra en una posición de poder real, equivalente a las porciones de soberanía -cuya titularidad es del pueblo-, repartidas entre los vecinos del término municipal y por estos ejercidas.

La tendencia moderna a la descentralización, transfiriendo funciones y servicios a los gobiernos locales, se ha manifestado muy tímidamente, aunque se haya introducido la modalidad de “traspasar” (es el vocablo utilizado por el legislador) funciones y servicios a las municipalidades, en la Ley General de la Administración Pública. Recientemente se aprobó una Ley de Descentralización, cuya regulación no impulsa con vigor lo que se pretende, dando la impresión de que se trata de una simulación de descentralización para calmar los reclamos de los alcaldes, cuyas exigencias en este sentido, son categóricas.

En todo caso, debe admitirse que, entre nosotros, ha cobrado vigencia la tendencia descentralizadora a favor de los gobiernos locales. Tendencia que podría postergarse indefinidamente por las acciones de algunos alcaldes, que, a juzgar por las imputaciones formuladas contra ellos en los tribunales, ya constituyen otra categoría de crimen organizado. No se trata de casos de corrupción, a lo que todo funcionario está expuesto, por la debilidad de los controles sobre la ejecución presupuestaria municipal. Se trata de sicariato y pillaje en general. Crímenes horrendos, que podrían despertar la sospecha entre la población de que los gobiernos locales no representan la mejor opción para la administración de esos servicios y funciones que, eventualmente, el gobierno central podría transferirles.

En estas circunstancias, la AMHON deviene obligada asumir una posición prudente en relación con estos casos. Debe exigir que se les respeten escrupulosamente los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a los imputados, porque ese es su deber, pero no defender a los sospechosos, porque, además de no ser ese su deber, arriesgaría el fortalecimiento y, consecuentemente, la modernización de los gobiernos locales.

Los partidos políticos también deben asumir su cuota de responsabilidad, escogiendo a los mejores ciudadanos para rectorar esas manifestaciones periféricas del gobierno de la República, de modo que se conviertan en modelos de gestión administrativa y, a su vez, impulsen el interés del ciudadano a participar activamente en los destinos de su comunidad organizada, para que arraigue en nuestra cultura política la democracia participativa.