Economía de mercado, pero con justicia
Por: Julio Raudales
La diferencia entre las sociedades libres y las que viven bajo servidumbre estriba fundamentalmente en la actitud de quienes las gobiernan.
Lo anterior no debe ser mal interpretado: No es que el gobierno debe llevar la batuta del desarrollo, al contrario, el rol del mismo debe ser precisamente entorpecer al mínimo los esfuerzos individuales de superación.
Sin embargo, nuestra clase política ha hecho exactamente lo contrario, lo que explica nuestros altos índices de pobreza. En casi dos siglos de vida republicana, los hondureños y hondureñas hemos sido víctimas de los abusos y la voracidad de los políticos y sus patrocinadores.
Algunos ejemplos claros son las exoneraciones fiscales y salarios de garantía de los que gozan algunos gremios, tales como los empresarios, diputados, etc. Es fundamental cambiar esta costumbre, pero ello requiere de una voluntad general para el cambio y de un nuevo paradigma, incluyente y justo como lo es la economía social de mercado.
La economía social de mercado consiste en vincular el principio de la libertad de mercado con el de equilibrio social. Esto implica ir más allá de la oferta y la demanda, aunque no desdeñarla, más bien buscar que todos y todas puedan acceder a sus beneficios a través de la acción eficaz del gobierno, es decir, tanto mercado como sea posible y tanto gobierno como sea necesario.
Para ello es que además las políticas deben centrarse en el respeto a la dignidad de la persona humana y en la adecuada utilización de todos los bienes naturales. En concreto esta visión de desarrollo requiere de algunas condiciones básicas que enumero a continuación:
Un irrestricto respeto al libre mercado, a la competencia y a la propiedad privada de los medios de producción. Con ello, se descentralizan la actividad y el poder económico y se estimula la iniciativa empresarial para promover el desarrollo económico.
Una adecuada política social, con intervención gubernamental y una legislación social para aquellas cosas en las que el mercado no logre resolver los problemas sociales o económicos.
Para esto se requiere un adecuado sistema de seguridad social, un sistema educativo abierto a todos los ciudadanos, así como una buena legislación laboral.
Una política de coyuntura que compense los desequilibrios inevitables que aparecen en todo mercado libre, como pueden ser las fluctuaciones en el empleo y en el sector externo, evitando sus graves consecuencias económicas y sociales.
Una política de crecimiento económico que implique la creación de las condiciones jurídicas y de infraestructura necesarias para un desarrollo sostenible, de manera que se pueda dar una innovación en el aparato productivo.
Resulta imprescindible una armonización coherente de todos los principios, objetivos e incrementos utilizados en las políticas económicas y sociales. No se trata de reducir el mercado, sino de permitir que funcione adecuadamente.
La intervención estatal debe distorsionar lo menos posible los procesos del mercado, que básicamente se reducen a esta idea: el precio de los bienes y servicios se establece por la confrontación de la oferta y la demanda.
Durante los últimos treinta y cinco años, los hondureños hemos sido víctimas de la improvisación y la irresponsabilidad de nuestros líderes. Es imprescindible que como sociedad seamos más exigentes a la hora de demandar propuestas a quienes pretenden gobernarnos.
La historia ha demostrado que solo el mercado provee soluciones viables para lograr una mayor rentabilidad en las inversiones y por tanto la ansiada prosperidad general.
Pero no debemos olvidar la necesidad de garantizar oportunidades para una gran cantidad de compatriotas que al carecer de una adecuada formación, no pueden acceder a los medios necesarios para solucionar sus problemas. Esa y no otra es la solución a la crisis que hoy nos agobia. Ojalá y los políticos lo entiendan a tiempo.
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