Transparencia

Editorial La Prensa

En estira, pero no afloja, se hallan la Junta Nominadora de los aspirantes a integrar la Corte Suprema de Justicia y los miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública. Estos, en nombre de la transparencia, demandan la publicación de los resultados de las evaluaciones a lo que se oponen los nominadores apelando a la Constitución de la República, Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a datos personales confidenciales.

La controversia está servida y de la vía administrativa, con multa especificada, se puede pasar a instancias últimas en el Tribunal Supremo según han anunciado los responsables de la nominación para evitar la publicación de los resultados de las evaluaciones, basado en el derecho de cada persona al respeto a su integridad, física, síquica y moral.

Como en todo pleito jurídico, las posiciones de las partes estan amparadas en instrumentos legales y en su interpretación que habrá de discurrir en tiempo y forma hasta concluir en una resolución firme de acatamiento obligatorio de las partes. Lo claro, sin embargo, sin arañar los vericuetos de las leyes, no pocas veces trampas, es la necesidad de conocer bien a quienes aspiran a integrar el organismo supremo de justicia.

Conocer el pasado y el presente en todas sus manifestaciones es derecho de todos los ciudadanos, pues serán los elegidos de este grupo mayor quienes habrán de decidir sobre situaciones y personas, físicas y jurídicas, en el próximo período del Poder Judicial.

Mejorar la justicia exige como condición, pese a los tropiezos posteriores, la selección de los mejores y, para ello, es obligado el escrutinio público, la participación ciudadana, cuando mayor, mejor, a fin de lograr los objetivos trazados que, sin duda, quedarán cortos, pero con señales de avance cualitativo en las decisiones judiciales y cuantitativo al reducir la mora, incrementar la agilidad en los tribunales para hacer que la justicia sea justicia, porque tardía ya no lo es.

Ojalá que este pleito de interpretación sobre el alcance de la transparencia no empañe la labor de los nominadores ni desvíe las iniciativas y esfuerzos para deslindar intereses políticos, económicos o gremiales de la escogencia de las personas más idóneas para la próxima Corte Suprema.

Se avecinan reformas profundas para el fortalecimiento del sistema judicial con vista a la lucha frontal contra la impunidad y la corrupción.

La responsabilidad de los nominadores que debe ser acompañada en todo el proceso del interés de la ciudadanía es supermayúscula no solo en la eliminación de los vicios del pasado, sino en la ubicación de bases firmes de una justicia que proyecte imparcialidad, confianza y seguridad por su apego e interpretación recta de la ley.