Los AK 47

Editorial La Prensa

Al robo de rifles, como en otras acciones delictivas y criminales, la respuesta se ha encauzado hacia la impunidad generada con el paso de los años sin que ocurra nada más que la apertura de expediente y una pesquisa inicial que despide olor a última. Las publicaciones de LA PRENSA han colocado en el tapete del debate público un tema, cuya relevancia se halla en la dimensión de inseguridad y violencia contra la vida de las personas.

Cada arma sustraída, digamos robada, y entregada mediante venta al hampa es un empuje hacia el delito o el crimen que tan alto lo estamos pagando todos los hondureños. Por ello es deplorable que se dé largas al asunto en lugar de asumir con responsabilidad y transparencia las consecuencias que deben comenzar por la investigación, la represión de los culpables, activos y colaboradores, para culminar con esclarecimiento total y la recuperación del armamento para destruirlo.

Menos fusiles en bodega, mayor seguridad para los ciudadanos; arsenal con candado abierto y centinelas con párpados caídos es un atentado para la sociedad, cuyo riesgo es mayor en la medida en que armas de fuego sean utilizadas por los antisociales. El dramatismo aumenta cuando estos instrumentos de muerte provienen de organismos de seguridad.

“Se ha investigado que había numerosas armas largas en la DGSEI y se extraviaron entre los años 2010 y 2011, por lo tanto, al darse esta situación incorrecta, de inmediato la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) realizó investigaciones a finales de 2012 e inicios de 2013 para establecer y determinar responsabilidades a los que en determinado momento las puedan tener”, dijo Leonel Sauceda, portavoz de la Secretaría de Seguridad, confirmando así las publicaciones de este diario.

Las explicaciones posteriores y los cauces apropiados seguidos son evidencia de que todo apunta hacia el olvido, pues en un lustro no se ha dado a conocer quiénes tenían bajo su responsabilidad el arsenal, quiénes aguardaban las llaves de los siete candados con que deberían haber estado protegidas las armas, quién ordenó su apertura y quiénes cumplieron lo mandado. Toda una trama que por la vida y la seguridad de los hondureños hemos de impedir que se asiente la impunidad sobre los hechos y todo pase sin que pase nada.

“En aras de la transparencia y la rendición de cuentas queremos dejar claro que este no es un hecho recién ocurrido, sino que hace tres y cuatro años y que desde luego está siendo investigado por todos los entes del Estado para deducir responsabilidades a quien la tenga en determinado momento”, señala la fuente oficial.

Del dicho al hecho hay mucho trecho y en este asunto, sumamente espinoso, la impunidad, como sombra fastasmal, seguirá cubriendo a los responsables.