Masacres

Masacres


Por Benjamín Santos

Es difícil escribir algo novedoso sobre hechos que ocurren con frecuencia y acerca de cuyo trasfondo se sabe muy poco. En la semana que termina hubo dos masacres: una en San Pedro y otra en la capital con un saldo de 15 personas muertas. ¿Por qué, cómo y para qué tanta sangre? ¿Quiénes están detrás y delante del hecho delictivo? En el lenguaje jurídico tradicional se ha hablado de autores intelectuales y materiales del hecho, pero a partir de esta semana los primeros han pasado a ser llamados intelectuales del crimen por algunos medios, tergiversando el concepto de intelectual e intelectualidad que hasta hoy se ha aplicado a quienes se dedican a la labor intelectual más que al trabajo material y hacen aportes a la ciencia y a la filosofía.
¿Por qué ocurren esos repudiables hechos? Nadie sabe con certeza científica. Sauceda, portavoz de la Policía, lloró del impacto emocional frente a lo acontecido. Es comprensible, porque los policías están en el centro del refuego. El ministro de Seguridad dio dos explicaciones aparentemente contradictorias: dijo, como de costumbre, que eran confrontaciones entre maras y que, por otra parte, era la reacción de las organizaciones delictivas al sentirse presionadas por las acciones del gobierno en la persecución del delito. O una cosa u otra o ninguna. En cuanto lo de San Pedro los transportistas, que en su mayoría son las víctimas, dijeron que todo se debía a que el Congreso no aprobaba la nueva ley del transporte y eso motivó al Presidente Juan Orlando a ir personalmente al Congreso para que se haga lo que se pide. Otros transportistas han dicho que el proyecto de ley que consensuaron con el Congreso fue trastocado y que deben revisarlo de nuevo. La principal solución que aporta la nueva ley es un sistema de recaudación que eliminará el cobro de dinero en efectivo en los buses en concepto de pasaje. Y está bien, pero ¿servirá eso para acabar con tanto delito en contra de los transportistas? ¿Bastará declarar terroristas a los delincuentes?
No podemos negar que los organismos de seguridad del Estado han mejorado su compromiso y su accionar contra la delincuencia. Pero no existe una investigación científica que estudie el fenómeno en toda su complejidad. Si eso nos falta tenemos que opinar y actuar a ciegas. Unos dicen que el origen de la delincuencia es la pobreza, pero si eso fuera cierto todos los pobres serían delincuentes y los ricos andarían en olor de santidad. Otros dicen que es la falta de Dios y es claro que así es, pero tenemos más de dos mil años de predicar el evangelio y nunca antes habían existido tantos grupos religiosos, unos de verdad y otros de mentira, luchando por convertir a los hondureños mediante el mensaje de salvación. Otros aseguran que el origen está en la desintegración familiar con lo cual se puede concluir que los hijos de familias que cuentan con la presencia del padre y de la madre están exentos de tener delincuentes en su seno y que los hijos de madres solteras por fuerza tienen que tomar malos caminos. Y eso no es cierto, lo que no indica que dejemos de considerar deseable el fortalecimiento de la unidad familiar.
Algunos encuentran la solución en un desarme general. Ya escribimos sobre este tema. Apenas se menciona el tema y surgen voces defendiendo el derecho de los honrados a portar armas para defenderse de la delincuencia. Y hasta ahí llegó el asunto. Eso podía ser válido cuando las enemistades eran personales y se sabía dónde se podía recibir un ataque. Ahora nadie sabe dónde cuándo ni por qué puede ser objeto de un hecho delictivo. Todos estamos hipotéticamente amenazados y de nada sirve portar armas, porque el sicario toma todas las precauciones para salir ileso. Las cifras oficiales dicen que ha bajado la proporción de delitos por cada cien mil habitantes y no tenemos por qué dudarlo, pero cuando ocurren hechos como los de esta semana la impresión, aunque como tal sea subjetiva, siempre se piensa lo contrario. El impacto es fuerte y de nada sirve decir que son casos aislados. ¿Qué nos queda? Tomar las precauciones personales para la protección de nuestro grupo familiar y esperar sentados a que los esfuerzos del gobierno y de los cuerpos armados den los resultados que se esperan, mientras valoramos positivamente lo que se haga por avanzar en ese camino.

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