Indefensión del pueblo

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

El pueblo hondureño ha sido y es víctima de las arbitrariedades de los funcionarios públicos. No, precisamente, porque estos cometan abusos contra el pueblo, sino porque sus acciones violatorias de la ley se traducen en lesiones patrimoniales para los hondureños.

Cuando un funcionario viola la ley en perjuicio de una persona, esta, para resarcirse del daño sufrido, demandará al Estado y este será inevitablemente condenado. Sucede cuando un secretario de Estado despide a un servidor público sin seguir el procedimiento disciplinario; cuando en una institución descentralizada se despide sin justa causa a un empleado; cuando los altos funcionarios del Estado son cancelados arbitrariamente antes de vencer el período para el cual fueron nombrados o electos.

También ocurre cuando se aprueban y aplican leyes que atentan flagrantemente contra las instituciones jurídicas consagradas en la Constitución, como la presunción de inocencia, la prohibición de la confiscación, el derecho de defensa, el acceso a la justicia y otras.

Todos estos casos y otros similares, tienen en común, que el Estado es el condenado a resarcir el daño o perjuicio ocasionado. No son pocos los casos ni pequeños los montos involucrados. Si no a diario, semanalmente, los tribunales admiten demandas contra el Estado, en las que el actor pretende que se reconozca la violación en la que incurrió el funcionario y la consiguiente condena al pago de cantidades millonarias en concepto de indemnización. No se trata, pues, de simples declaraciones judiciales reconociendo situaciones jurídicas subjetivas, sino del restablecimiento de estas situaciones con su respectiva reparación.

Cuatro funcionarios judiciales que arbitrariamente habían sido destituidos por la actual Corte Suprema de Justicia, han sido protegidos por el sistema interamericano de los derechos humanos, con la respectiva reparación económica, desde luego. Lo mismo sucederá, dentro de poco, con los magistrados que el Congreso Nacional destituyó inconstitucionalmente de la Sala de lo Constitucional; asimismo, con respecto a las confiscaciones e irrespeto de los derechos fundamentales realizadas por el Ministerio Público y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, recientemente.

¿De dónde obtiene el Estado el dinero para pagar estas indemnizaciones? De los contribuyentes. ¿Qué consecuencias tiene? Que habrá menos hospitales, menos medicinas, menos escuelas, menos carreteras, menos seguridad y menos un largo etc.

¿Quiénes son los responsables? Los funcionarios que actuaron ilegalmente. Pero no son estos los que pagan las funestas consecuencias de sus abusos; son los contribuyentes. Y estos son, no solo el asalariado o el empresario, sino todo el pueblo hondureño, incluso los indigentes, porque no solo se paga el Impuesto sobre la Renta, cuya responsabilidad de hacerlo efectivo es el que tiene ingresos, sino también el Impuesto sobre Ventas, que lo paga todo el que compra algo en un negocio cualquiera, incluso en la pulpería o en el mercado. El daño al pueblo es doble, porque, además de utilizar sus impuestos para pagar esas condenas, disminuye la cantidad y calidad del servicio público de salud, educación, etc.

¿Puede el Estado recuperar de los responsables lo que debe pagar por las ilegales acciones de estos? Desde luego que sí. Es un mandato constitucional impuesto al Estado, perseguir, vía acción de repetición a los responsables para que paguen con sus patrimonios lo que el Estado ha pagado en concepto de indemnización por sus ilegalidades.

No cumplir con este mandato constitucional, convierte a la Procuraduría General de la República, que es la responsable de actuar en este caso, en cómplice de estas ilegalidades y la responsable de distraer en estas obligaciones los recursos públicos que podrían destinarse en escuelas, hospitales, carreteras, seguridad, etc.