El ancho y atractivo camino al infierno

Por: Julio Raudales

Pese a que la ciencia económica estudiada en profundidad suele ser compleja y sus demostraciones tanto teóricas como empíricas no están desprovistas de rigor académico, los elementos en los que se fundamenta están muy apegados a la lógica cotidiana y a una visión más bien intuitiva de la sociedad, de tal manera que sus conclusiones deberían ser comprendidas fácilmente por los no especialistas.

Hay que aceptar sin embargo, que muchas de las dudas y confusión que suelen provocar los temas económicos, sobre todo los que se debaten en los medios de comunicación, surgen debido a las discrepancias en los puntos de vista que los economistas exponen como resultado de su trabajo. Creo que alguna vez me había referido al tema expresando que estas diferencias obedecen fundamentalmente a los objetivos que se persiguen, crecimiento vs. equidad, eficiencia o resultado, etc. Todo esto hace que no estemos exentos de algunas pérdidas importantes, debido fundamentalmente a la falta de acuerdos y me atrevo a decir por experiencia que el mayor escollo se encuentra en la ausencia de un diálogo social, honesto y receptivo.

Escribo estas cosas porque no deja de inquietarme que como sociedad persistamos en el error: Contumacia le llama la Real Academia de la Lengua a la propensión sistemática de caer una y otra vez en los mismos yerros y no tomar lecciones de lo que sucede a nuestros vecinos y aun a nosotros mismos en el pasado.

Y debo agregar que la situación no está circunscrita solo a lo económico, también se observa en el ámbito de la gobernanza, la seguridad ciudadana, la política y el resto de los tópicos que atañen a nuestra vida social. No se si fue Einstein quien acuñó la máxima aquella de que si persistes en hacer las mismas cosas no esperes resultados diferentes. ¡Pues bien! ¿Qué esperamos para empezar a hacer las cosas de otra manera?

Y lo digo porque nuevamente los medios de comunicación fueron sacudidos durante esta semana, con la noticia de que el gobierno emitió un decreto mediante el cual “pretende congelar” durante 60 días, el precio de 64 productos de la “canasta básica alimentaria” con la finalidad de “proteger” a los consumidores.

No deberíamos dudar de la “buena intención” que mueve a las autoridades a implementar esta medida. Pero considero necesario advertirles que la misma, no solo será inútil para controlar la posible fluctuación en el precio al consumidor de estos productos, sino que tendrá un efecto negativo sobre todo para las familias más pobres que es a las que se quiere proteger. Voy a explicarme:

En primer lugar el precio de garantía o precio máximo con que se etiquetó a estos productos, provocará que quienes tienen mayor poder adquisitivo se adelanten a comprarlos aunque no los consideren prioritarios, lo cual repercutirá en escasez y falta de acceso a los mismos por parte de aquellas personas que los requieren en su dieta. Es necesario recordar que la producción de bienes es limitada y el abuso de aquellos de mayor ingreso y que legítimamente querrán adquirir más producto, hará que los pobres se vean privados de su sustento.

Otro aspecto que se debe considerar, es la capacidad de respuesta que tienen las autoridades gubernamentales para hacer cumplir el referido decreto. ¿Quién estará pendiente de que en cada punto de venta se cumplan las disposiciones? ¡Ah ya sé! Posiblemente el gobierno espera que los consumidores denuncien la violación de la medida al sentirse agraviados. La impresión general es que las agencias   oficiales tienen poca presencia en el mercado y no se darán a basto para cumplir esa titánica tarea.

También hay que considerar que la medida provee muchos incentivos a los   especuladores, quienes estarán a la orden del día para comprar a precio bajo, esperar que cunda la desesperación (no olvidemos que son productos básicos, es decir “importantes”) y vender posteriormente a un precio mucho más elevado que el que se establecería en el mercado.

La experiencia nacional e internacional y los postulados de la ciencia económica, demuestran contundentemente que el establecimiento de precios de garantía, lejos de beneficiar a las sociedades, provocan distorsiones tan graves, que muchas veces son difíciles de solventar. Si las autoridades del Gabinete Económico trabajan arduamente en mantener la estabilidad fiscal, monetaria y financiera del país, flaco favor le hacen algunos funcionarios a este esfuerzo, tomando medidas desprovistas de racionalidad.

No olvidemos que una buena intención puede ser un estupendo tapiz en el camino hacia el infierno.