La impunidad: ¡madre de la corrupción!

Por Boris Zelaya Rubí

La corrupción pública, que puede definirse como el uso indebido de un cargo gubernamental, con el propósito de obtener un beneficio privado, es muy alta en países en desarrollo, porque carece de suficiente nivel democrático y normas claras de conducta y transparencia o de un sistema judicial eficiente.

Se dice que la corrupción pública tiende a ser mucho menor en países desarrollados, especialmente en aquellos que tienen un mayor número de años de experiencia democrática, un mayor nivel de alternancia en el poder y un sistema judicial más eficiente.

La corrupción en nuestro país ha crecido por el alto grado de impunidad que ha reinado en varios gobiernos. Mandatarios que han hecho “micos y pericos” con el presupuesto porque han gobernado a una población ignorante y analfabeta, dedicada únicamente a buscar el pan de cada día, que desconoce que la corrupción es y sigue siendo el factor de la actual crisis económica.

¿Cuánto es el sueldo de un presidente? ¿De cuánto y desde cuándo se adjudicaron “partidas confidenciales” para el uso indiscriminado de esos fondos? ¿Existe la complicidad de los “técnicos” que elaboran el presupuesto de la nación, tan hábilmente que al ser aprobado en el Congreso, todos votan sin chistar por disciplina partidaria o por ignorancia, sin saber las mañas para esconder lo que después despilfarrará el mandatario y sus funcionarios? Existen infinidades de historias sobre el mal manejo de esos fondos, desde los tiempos en que gobernaron los militares (por golpes de estado o imposiciones mediante elecciones forzadas). Según los cuentos de aquella nefasta época, los mílites iban personalmente al inicio de cada año, a retirar en efectivo el monto asignado para gastos “secretos”.

Hubo un exmandatario que “engordó” la cuenta confidencial con transferencias de cuentas especiales (operación legalizada al ser aprobada por el Congreso Nacional). La oposición de aquel entonces, posteriormente publicó el detalle de los cheques emitidos de esa famosa cuenta, en el que figuraban gastos para tratamiento médico de sus familiares más cercanos, al ser interrogado al respecto manifestó con gran desfachatez: ¡Nosotros no tenemos ningún seguro médico! Quiere decir que a los “hondureñitos”, que nos traten en hospitales públicos o en el famoso destartalado Instituto Hondureño de Seguridad social, con las pastillas que hayan, aunque no sean las apropiadas para el mal que nos aqueje, mientras los “ladrones de cuello blanco” se van al exterior a ver los mejores especialistas para reconstruir hasta lo innombrable ¡con dinero de nuestros impuestos!

Tenemos que darle el beneficio de la duda a algunos expresidentes, en cuenta al actual, posiblemente las casas, pisos, techos, ecofogones y bolsas de comida son producto de esos fondos confidenciales, aunque mucha gente del pueblo pobre brota lágrimas por cualquier ayuda, creyendo que la ayuda que recibe proviene del patrimonio personal del mandatario o de sus propios ahorros ¡solo que estuviera loco! El dinero es producto de los impuestos que paga el pueblo, o sea que todos contribuimos para esos regalos.

Estamos a las puertas de la decisión final para iniciar una nueva etapa en la vida democrática del país: ¡la selección de los máximos representantes de la justicia! Como ha sido costumbre, los cabildeos están a la orden del día, ¿Cuál es el interés en que determinados grupos políticos impongan sus favoritos? ¿Para proteger qué? No podemos cerrar los ojos ante esa vieja práctica y los intereses son obvios, pero, todos esperamos lo mejor para continuar con nuestra maltrecha democracia. En la selección de los futuros magistrados se puede aplicar aquel viejo refrán “muchos los diablos y poca el agua bendita”. Se tienen que aplicar bien los filtros, especialmente por aquellos que han defendido ladrones del erario (todos los ciudadanos tienen derecho a la defensa y asombrosamente han tenido éxito). La mayoría del pueblo no conoce de leyes, pero le basta ver la opulencia de algunos exservidores del Estado, que ni ahorrando desde su adolescencia tendrían tanto dinero.

La excelente funcionaria Doris Imelda Madrid, que dirige el Instituto de Acceso a la Información Pública, debe continuar insistiendo que todos cumplan con la ley, aunque pataleen por el peligro de ser víctimas de la delincuencia al mostrar sus listados de bienes. Según nuestra Carta Magna todos somos iguales ante la ley y en Honduras no hay clases privilegiadas.

Es oportuno mencionar uno de los considerandos de la Ley de Transparencia: “Que el derecho de acceso a la información pública es garantía de transparencia para que los ciudadanos puedan fiscalizar y exigir cuentas a los servidores públicos, a cada paso del proceso y en cualquier momento, y, además, constituye un medio eficaz contra la corrupción”.

De rodillas solo para orar a Dios.