Caso del Instituto Modelo. Cómo evitar que se repita y mejorar la seguridad escolar
Por José Antonio Pereira Ortega
Coronel ® japo916@yahoo.es
Muchos compatriotas y en especial los capitalinos vivimos con sorpresa los eventos ocurridos en el ámbito educativo y que culminaron con el “cierre temporal” del centro educativo Instituto Modelo, ubicado en la colonia Nueva Esperanza, en Comayagüela, y lo anormal del cierre es que fue provocado por amenazas de muerte enviadas por un grupo de antisociales asociados en una organización criminal (mara o grupo 18, según se identificó el emisario) que exigían según las noticias más de L. 300,000.00 lempiras de prima y una cuota semanal de L. 25,000.00 lempiras.
Colma la situación al encontrar que el pecado de sus autoridades fue que valientemente fueron a denunciar el acto delictivo a la Fuerza Nacional Antiextorsión y no se callaron como los más de 200 centros educativos que están siendo extorsionados.
Bastaron entre 5 y 6 días de zozobra para los propietarios, docentes y los educandos, que al final son los mayores perdedores, para sucumbir a la presión de los delincuentes extorsionadores, (pierden un cliente y buscarán otro), que encontraron en el miedo su principal argumento para asustar a la mayoría de los padres de familia (la mayoría viven en ese sector), docentes y a los propios alumnos para convencerlos que al continuar en ese instituto sin que se pagara la extorsión, corrían el peligro de perder su vida.
Por mucho, resulta increíble darse cuenta cómo en su intervención en la reunión entre las autoridades del colegio y representantes de la Policía Militar, desarrollada el día de la inauguración de las clases del año 2017, la insistencia de padres de familia y algunos docentes, al proponer que era recomendable a los propietarios del colegio pagar la extorsión y continuar las clases siempre y cuando se garantizara la vida de sus hijos. Al final ni las promesas de dar seguridad de las autoridades y los militares y de no poner en riesgo el año escolar resultaron eficaces, ya que a los dos días en caravanas acudieron a pedir traslados e irse del colegio, lo que culminó con la decisión de los propietarios de cerrar en favor de no perjudicar la continuidad del año escolar en otros centros educativos.
A los que cursamos la educación primaria y secundaria en las escuelas y colegios de los años 50s, 60s y 70s, nos cala profundamente y nos cuesta aceptar los eventos que ponen en riesgo la continuidad del proceso educativo de nuestros niños y adolescentes en los tiempos actuales. Nos bastaba el policía escolar para tener orden y seguridad.
No se discute la complejidad de este problema que se agrupa como un todo en el marco social, desde la violencia escolar intramuros con el fenómeno del bullying y el acoso sexual contra los y las menores, agravada por la intrusión del crimen organizado en el sistema escolar, induciendo prematuramente a los menores en el consumo de drogas, provocando en consecuencia el tráfico menor de drogas ilegales (narco menudeo) dentro de los centros educativos desde la primaria, fenómeno incompresiblemente no estudiado y desatendido con flagrante negligencia en el sistema educativo nacional.
De lo anterior podemos resumir lo siguiente:
1. Que la naturaleza y el crecimiento del ambiente de inseguridad en el sistema educativo hondureño, obliga a que sea atendido debidamente desde sus causas, esto si se toma en cuenta que en la actualidad es cuestionable tratarlo como un fenómeno observable en su entorno.
2. Orientado por los efectos perniciosos experimentados por los diferentes protagonistas del entorno, se mantiene por así decirlo, ocultas sus causas generadoras (inequidad social y económica, desempleo, desorden del sistema educativo y las diferentes organizaciones magisteriales, el hacinamiento urbano, etc.).
3. Sobra mencionar, pero hay que recordarlo, que las propuestas de solución amerita sean consideradas y vinculadas a las políticas públicas de seguridad del Estado, a su legislación, y con ello desarrollar las estrategias y tácticas adecuadas que se ajusten a la prevención y protección de maestros, alumnos, instalaciones educativas y asegurar también las áreas perimetrales de los edificios, así como las rutas de transporte y acceso a los mismos.
4. La mayor preocupación en el aumento de la inseguridad escolar, se centra en las amenazas de grupos y organizaciones criminales como las maras, pandillas y barras que se han infiltrado (alumnos, maestros y padres que activan, colaboran o simpatizan con estas organizaciones) provocando la natural zozobra y el miedo individual y colectivo producto de las acciones delictivas como el chantaje y la extorsión sistemática, dirigida contra los diferentes actores del sistema educativo.
5. Los demás centros educativos en el Distrito Central no deben ver de menos este caso, aprovechándose, y ofrecer cupos al 50%, probablemente en un momento inesperado tocarán sus puertas, ojalá estén preparados.
6. No podemos ocultar entonces, la necesidad impostergable de implementar una búsqueda conjunta de soluciones inmediatas con resultados duraderos, dado que su entorno contempla una variedad de factores que involucran a estudiantes, padres de familia y educadores.
7. Es oportuno crear una policía escolar funcional.
Visto así, quiero enfatizar la existencia de tres factores necesarios para la comisión de un delito: Un delincuente motivado, un objetivo atractivo y la ausencia de control. Y finalizo recalcando que los más interesados en romper esta cadena de inseguridad somos nosotros mismos, no dejarle toda la carga al Estado y a la comunidad, no tengamos miedo y denunciemos los delincuentes extorsionadores.
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