MP, CNA, CDPC y las compras en Salud

21 JUN, 2017 - 12:20 AM

Por Óscar Lanza Rosales
olanza15@hotmail.com

En este mes de junio, los medios han informado que el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) ha comenzado a investigar una supuesta compra fraudulenta de medicamentos en la Secretaría de Salud, denunciada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hace algunos meses atrás, en la que se involucra a 112 funcionarios de esa Secretaría. La (Fetccop) se ha valido de la información proporcionada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) que por la facultad que le otorgan las leyes, ha decomisado una serie de documentos en forma física como digital en la Secretaría de Salud en ese campo.

El CNA ha denunciado ante el MP, que en la adjudicación de licitaciones en forma irregular en la compra de medicamentos, material quirúrgico y odontológico, equipos y otros insumos, de 2008 a la fecha, por un monto de 314 millones de lempiras, sobrevalorados en aproximadamente 50 millones, se ha favorecido a 12 empresas en contubernio con funcionarios de Salud, a quienes se investigará para determinar si incurrieron en delitos como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, violación a los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos, entre otros.

Me llama la atención este caso porque aparentemente el único objetivo que se persigue en el mismo, tanto el CNA como la Fiscalía, es determinar si estos 112 funcionarios públicos, con sus actuaciones en estas licitaciones irregulares incurrieron en los delitos anteriormente mencionados para favorecer a estas 12 empresas. Pero con eso solo se está viendo un lado de la moneda. Lo más probable en este caso es que las empresas favorecidas también hicieron su parte, propiciando estas irregularidades para sacarle el máximo provecho a las mismas. Por eso el Estado de Honduras, al igual que muchos países del mundo, para modernizar su economía, volverla más eficiente y lograr que las empresas y los agentes económicos en general, tengan un comportamiento transparente en pro del bienestar de los consumidores, ha puesto en vigencia la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia desde el año 2006 y ha creado la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC) para que la ejecute.

A lo que quiero llegar es que no solo hay que investigar a los funcionarios que se prestaron al juego de estas irregularidades por el que pagamos los hondureños 50 millones de sobreprecio, sino que también hay que investigar a las empresas beneficiadas, que probablemente se coludieron para realizar estas prácticas fraudulentas. Una investigación que está obligada a realizar la CDPC para cumplir con su función y aprovechar por ejemplo la existencia de la recién creada institución, la ATIC, que tiene el poder de decomisar información de las demás instituciones públicas, como en el presente caso que con esta acción le está facilitando el trabajo a la Fiscalía ante la denuncia del CNA.

Quiero contarles que yo estuve de comisionado en la CDPC de 2006 al 2013, y no pudimos investigar desde el punto de vista de la competencia, la compra de medicamentos por parte de la Secretaría de Salud, en primer lugar porque queríamos hacer un estudio ya en el último año de nuestro período, ya cuando no contábamos con mucho tiempo; había un desorden total de la información de esas compras y había que dedicar muchos meses para organizarla; en segundo lugar por el pánico que existía en esa Secretaria, nadie quería brindar información, porque ya se había producido el asesinato de dos empleados del Almacén General de Medicamentos; ni los economistas asignados para realizar ese trabajo, no le ponían el interés necesario por el temor al ambiente tenso en que se vivía en esa Secretaría; y lo más importante, es que el Banco Mundial que financiaba el estudio, no nos ayudó para avanzar en el mismo, porque como era el caso más grave en corrupción en el gobierno del presidente Lobo, su representante en Honduras nos dijo que no quería incomodar al régimen, que tenían unas excelentes relaciones con sus altos funcionarios en la realización de otros proyectos, y que se abstenía en apoyarnos.

Ahora que existe la ATIC, con amplias facultades para decomisar información, es el momento adecuado para profundizar en la investigación en todas sus aristas, de casos tan sonados por la corrupción como el mencionado, de manera coordinada entre todos los organismos fiscalizadores del Estado, para que no queden a nivel de denuncia. ¡Tiene la palabra la CDPC!