La propiedad en Honduras

26 JUN, 2017 - 12:04 AM

Por Edmundo Orellana

Catedrático universitario

La propiedad es, probablemente, la institución a la que más importancia le atribuye el Derecho. Originalmente, se limitaba a los enseres personales, porque la tierra no tenía ningún valor para quien no sentía la necesidad de asentarse en ningún lugar, impulsado por la caza, el cambio de las estaciones, el miedo u otros factores.

Cuando las necesidades comunes fueron satisfechas con los productos de la tierra, hubo necesidad de delimitar áreas territoriales como propias de la comunidad. A partir de este momento, la evolución de la sociedad estuvo ligada a la propiedad. Más tarde, cuando el soberano se identificaba con el Estado y el territorio era su propiedad personal, las comunidades y las personas individualmente podían disfrutar de su explotación, bajo el entendido de que eran simples poseedores, porque propietario originario era una cualidad jurídica reservada exclusivamente al rey o emperador.

Con la Revolución Francesa, se abolieron los privilegios y jurisdicciones señoriales y, por consiguiente, se suprimió el Antiguo Régimen. Con el nacimiento del nuevo sistema, el territorio ya no era de una persona en particular, sino del Estado, quien, legitimaba, por ser el propietario original, toda transacción sobre el mismo. En adelante, quien poseía podía ser el propietario legítimo. Y una vez, cumplidas las formalidades legales, podía oponer a todos los demás su dominio sobre el bien poseído, sin ningún temor de que alguien pudiese reclamar para sí la propiedad del área ocupada, por tener, derivado del dominio inmanente del territorio, un derecho inalienable e imprescriptible. El Código Civil, la más elevada plasmación jurídica de ese nuevo régimen de propiedad, así lo garantizaba.

La inspiración revolucionaria del Código Civil era incuestionable. Desconocía los privilegios nobiliarios y proclamaba los principios de libertad de la persona, igualdad de todos ante la ley, libertad de conciencia y laicidad del Estado. Se constituyó en el símbolo de la Revolución victoriosa, que consagraba la propiedad como el epicentro de las nuevas relaciones jurídicas. El informe de Portalis ante el Consejo de Estado francés define claramente lo que para esa sociedad significaba el hoy conocido como Código Napoleónico.

Por supuesto, el nuevo régimen sacralizó formas y formalidades, inmunizó derechos y proscribió aquello que lo amenazaba, todo a favor de quienes accedieron a los nuevos bienes, consolidando su propiedad, que eran los menos. Se consagraba la que, algunos han llamado, “República de Propietarios”.

Esa fue la legislación que adoptamos ya como República, adhiriéndonos a las banderas de la Revolución Francesa, especialmente del régimen napoleónico. Y siguen vigentes, con las adecuaciones del caso.

La propiedad sigue siendo la piedra angular de nuestra sociedad. Vale el que tiene y tiene el que lo acredita con papeles, pero inscritos. Para eso se creó el registro de la propiedad, a cargo, hoy, del Instituto de la Propiedad, que, desde su ubicación en el Poder Ejecutivo, despertó las más bajas pasiones en políticos y empresarios. Más en políticos, porque tienen la posibilidad de manipularlo, como lo han hecho, ciertamente.

Rumores ha habido. Muchos rumores de las transacciones fraudulentas en el seno de esa institución, atentando contra lo que, supuestamente, es lo más delicado y preciado en el ambiente de las inversiones. Lo desmentía, recientemente, en un programa de TV matutino un alto funcionario del gobierno, acompañado de expertos extranjeros, diciendo que todos esos rumores eran cosa del pasado. Supuestamente, ahora todo caminaba sobre ruedas y con la garantía de que la corrupción había desaparecido.

Con las recientes acciones de la ATIC, quedó demostrado que ese funcionario estaba mintiendo, fiel al estilo goebbeliano de su gobierno: “repetir, repetir una mentira hasta que se torna verdad”. El IP, entonces, sigue haciendo de las suyas, atentando contra lo que, según su ley, debe proteger, la propiedad. Alimenta las redes mafiosas del mercado inmobiliario, convirtiendo en víctima de estafa a todo el que adquiere un bien inmueble.

Por el mundo anda el señor Presidente, diciendo que Honduras está lista para la inversión extranjera. Les asegura que sus inversiones estarán seguras y que serán extraordinariamente fructíferas. ¿En este ambiente de inseguridad jurídica? No se necesita ser un adivino ni muy inteligente para imaginarse lo que piensan del Presidente los inversores que lo escuchan.