LA UNAH SOBRE LA “SUBORDINACIÓN Y COLONIZACIÓN”
OTRA vez la toma de edificios de la UNAH dirigida por el mismo movimiento estudiantil que tuvo la institución sitiada la vez pasada. El operativo va dirigido a exigir la liberación de “compañeros condenados en los tribunales”. Retomando el guión de los sucesos anteriores, la rectora acudió a la Fiscalía a denunciar a los protestantes por “el asalto de las instalaciones educativas”. Parecido sucedió en el zafarrancho anterior. Las autoridades universitarias acudieron al Ministerio Público a interponer denuncia por delitos contra un grupo de estudiantes. Las tomas se extendieron por todo el campus, las clases fueron suspendidas y la UNAH estuvo paralizada durante varios meses. Para restablecer el orden la autoridad de la UNAH inició un proceso de negociación con los estudiantes que exigían la extinción de los procesos judiciales iniciados como prerrequisito para llegar a un arreglo.
Lo complicado de estos conflictos entre partes antagónicas ha sido que al involucrar a las instancias acusatorias y judiciales, no se puede hacer changoneta de ellas, si después de incoada la demanda se les antoja resolver las cosas por la vía negociada. Más cuando las acciones de protesta se mezclan con actos vandálicos. ¿En qué abona a la causa del reclamo ir a rociar gasolina y prenderle fuego a un cajero automático de una agencia bancaria o la destrucción de propiedad pública o privada? Dicho lo anterior, la novedad en este nuevo altercado es que la recién instalada Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras decidió terciar en el asunto. En un comunicado reprocha el fallo de la Sala IV del Tribunal de Sentencias dizque “porque la utilización de este delito penal –referido a la acusación por el delito de usurpación– en contextos de criminalización de la protesta social, presenta graves problemas a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos”. Expresa, además, su “firme preocupación por el no cumplimiento del acuerdo firmado el 20 de julio del 2016”, entre la autoridad universitaria y el aludido movimiento estudiantil. Haciendo eco de lo anterior, una asociación de cooperación internacional que aglutina varias ONGs se manifiesta “preocupada por la creciente persecución y criminalización de los estudiantes de la UNAH, que hacen uso del legítimo y constitucional derecho a la reunión y manifestación”.
Si bien eso del “acompañamiento internacional” y de las “veedurías externas” ya forma parte del lenguaje académico acostumbrado que, como exigencia, colocan en las mesas de discusión, alegando motivos de desconfianza en las soluciones nacionales, esta vez la autoridad universitaria, en su defensa, responde con contundencia categórica. Asegura que la intervención de ambas instituciones, evidencia “la parcialidad y falta de objetividad” cuando ni siquiera tuvieron la cortesía de consultar previamente la versión de la UNAH. En forma terminante la UNAH condena que, “emitir juicios de valor que dañan las instituciones solo refleja el prejuicio y la supremacía con la que ven al país y a sus funcionarios, partiendo del criterio que los personeros internacionales dicen la verdad y que los nacionales somos quienes no cumplimos y faltamos a la misma”. Aunque la UNAH expresa reconocimiento por su trabajo en Honduras, objeta que ello “no les coloca en una posición de jueces de instituciones ni de funcionarios, y nuestras instituciones no son subordinadas ante sus criterios”. “Nuestra única subordinación es a nuestras leyes nacionales y normativa institucional”. “Y aunque es una época de globalización, el concepto no debe confundirse con colonización”.
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